Rajoy, vía libre para la remontada

El Congreso aprobó ayer los Presupuestos Generales del Estado (PGE), después de una prolongada incógnita sobre si el Gobierno contaría con los apoyos suficientes. Finalmente, en la balanza ha pesado más el pragmatismo y el sentido de la realidad que los llamamientos a devolver las cuentas, bien por antisociales, como así las había definido el grupo socialista, o porque la aplicación del artículo 155 en Cataluña debía, además, paralizar toda la política nacional –un castigo que el conjunto del país debía infligirse–, tal y como han amagado los nacionalistas vascos en un ejercicio calculado con el que han demostrado su destreza en la negociación. Primaron más los beneficios que le reporta a la hacienda vasca que su solidaridad con el irredento nacionalismo catalán, la «cuestión de principios» que tanto esgrimió. El PNV dio ayer sus cinco votos y, de esta manera, se ha alcanzado la mayoría de los 176 escaños. Serán probablemente los últimos presupuestos de la legislatura y con ellos se darán por terminados cuatro años difíciles. Mariano Rajoy ha sacado adelante las cuentas más complicadas –no dispone de la mayoría de la Cámara– en las circunstancias políticas más adversas: con la autonomía catalana intervenida por el Gobierno central por mandato del Senado tras la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Y lo que es peor: insistiendo en la ilegalidad. Rajoy no sólo ha demostrado su capacidad de negociación y diálogo con los supuestos aliados del independentismo catalán, sino que en ningún momento ha perdido el sentido institucional de lo que supone los PGE –la herramienta para hacer política efectiva cuando ahora es más fácil la política de los sentimientos– y resituar así el centro de gravedad político: la estabilidad. En esto puede resumirse el ideario político de Rajoy, lo que no es poco. Es decir, la seguridad y el equilibrio presupuestario necesario en Europa, y más desde una economía en crecimiento como la española, y la iniciativa política, que vuelve a estar en manos del presidente. En definitiva: que la legislatura cumpla los cuatro años y acabe en 2020. El Gobierno no puede estar hipotecado con la reaparición de casos de corrupción de legislaturas pasadas, sin duda unas circunstancias fácilmente aprovechables por la oposición, y debe relanzar un programa que ponga en valor la recuperación económica, su mayor activo y principal compromiso electoral, y la necesidad de una vertebración territorial sólida y solidaria o, por lo menos de momento, conseguir que Cataluña pueda tener un gobierno por lo menos legal. El calendario electoral, con elecciones municipales, autonómicas y europeas el año que viene, requiere tomar la iniciativa en un momento clave: la crisis catalana ha desplazado el discurso social por el político. Es un cambio lógico, pero que hay que medir con precaución. Es decir, hay que tener cuidado con los aspavientos que proponen un final de ciclo del PP o darlo por muerto, y reemplazado por una nueva derecha patriótica. Ciudadanos apoyó los PGE, los ha hecho suyos y los ha defendido, lo que debe valorarse como una buena iniciativa política, algo que el PSOE ha desperdiciado en una oposición cómoda, dejando que el PNV presente como una conquista propia la revalorización de las pensiones. Sin embargo, Albert Rivera está demostrando mucha precipitación y sobregesticulación, sobre todo en la modulación de la aplicación del 155, que no hay que olvidar que ha sido la decisión política más importante tomada por Rajoy, aunque con el apoyo de Cs y PSOE. El primer paso para la normalidad política debe venir de la aceptación de la legalidad. La lealtad al orden constitucional y estatutario será el paso necesario. Si Rajoy es fiel a sí mismo, que lo será, el equilibrio y centralidad serán las armas que frenen la ansiedad de Rivera.