Opinión

Respaldo europeo en Gibraltar

La Razón
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Como era de esperar, la auténtica realidad de la colonia gibraltareña no podía pasar inadvertida a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). La denuncia por parte del Gobierno español ante las autoridades de Bruselas de las irregularidades fiscales consentidas por Reino Unido en la Roca no sólo ha sido atendida e investigada, sino que ha recibido el mandato comunitario de que se abra la correspondiente diligencia judicial, ya que se trata de unas actividades que lesionan gravemente los intereses de la UE. El requerimiento se hace extensivo a Reino Unido para que inste a actuar a la Fiscalía gibraltareña, lo que, mucho nos tememos, no pasará de ser un mero formalismo, dada la evidente implicación de la Administración que preside Fabian Picardo en unos negocios que, sólo por el contrabando de tabaco, proporcionan un tercio del presupuesto de la colonia. El dictamen supone un claro respaldo a la política de firmeza que mantiene el Gobierno de Mariano Rajoy con respecto a Gibraltar y pone a Londres ante sus responsabilidades como socio comunitario, obligado a actuar legalmente en el marco jurídico de la UE. Desbarata, asimismo, la ofensiva victimista de Picardo, al dar carta de naturaleza a unos controles aduaneros que responden a la existencia cierta de un ilícito fiscal, y abre la vía para el esclarecimiento de otros delitos de la misma índole, que vincularían al Peñón con las redes de blanqueo de capitales. Pero, sin duda, la consecuencia más importante, como decíamos, es que vuelve a incardinar el contencioso territorial en las agendas de la Comisión Europea, ámbito incómodo para Londres, que siempre ha buscado poder desentenderse del farragoso día a día colonial. Aunque no se debe descartar que llegue un día en que el Gobierno británico se avenga a una negociación leal sobre Gibraltar con un socio y aliado como es España, la experiencia acumulada de tres siglos nos dice que cualquier concesión por nuestra parte, cualquier muestra de debilidad, siempre será aprovechada por Londres para consolidar su dominio. No se trata, pues, de provocar fricciones gratuitas, que a nada conducen, sino de mantener la defensa de los intereses españoles –que, en este caso, coinciden con los europeos–, vulnerados por unas actividades ilícitas, toleradas –cuando no impulsadas– desde la colonia británica. Hay que, por tanto, mantener los exhaustivos controles aduaneros en la frontera de La Línea de la Concepción –que en el año 2013 permitieron la aprehensión de 971.493 cajetillas de tabaco de contrabando– y se debería reclamar formalmente del Gobierno británico la colaboración judicial prevista en los tratados de la Unión para erradicar el blanqueo de capitales. Entre otras cuestiones, porque es mandato de la UE.