Responsabilidad de Estado por encima de tacticismos menores

La cuenta atrás para la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ha entrado en su recta final. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, comunicó ayer su decisión sobre la organización del debate tras analizar los pros y los contras. Llegados a este punto, las negociaciones entre el PP y Ciudadanos, por un lado, y con Coalición Canaria, por el otro, han entrado también en una fase definitiva para conocer el número de diputados que respaldarán a Rajoy y las posibilidades de que finalmente éste obtenga la confianza de la Cámara. Lo cierto es que las delegaciones de los populares y del partido naranja han constatado su sintonía en un buen número de asuntos y propuestas en los grandes capítulos y reformas que el país tendría que afrontar en esta legislatura, que será compleja y exigirá esfuerzos y determinación. Como es lógico, también ha habido diferencias, puede que algunas insalvables, pues al fin y al cabo son dos formaciones diferentes con proyectos políticos propios. Se trata, en este punto, de poner en valor la coyuntura histórica que España atraviesa, con 300 días de interinidad, la urgencia de superar esta parálisis y valorar si esas divergencias tienen el calado suficiente como para no ser capaces de relativizarlas y subsumirlas en ese bien superior que supondría el compromiso de investidura y la posibilidad de desatar el nudo de la política española. En este proceso de negociación, en el que además ha habido tan pocos días de margen, los altos y bajos, los tiras y aflojas son habituales, y como tales deben ser entendidos y asumidos. Que José Manuel Villegas, dirigente de Ciudadanos ponderado y serio, ensombreciera el horizonte con su pretensión de un compromiso de gasto social exagerado y hablara de proceso encallado o que el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, se declarara consternado por la actitud del PP y anunciara ayer un ultimátum de 48 horas para concretar la negociación, entra dentro de la legítima estrategia política y mediática de las partes con un alcance todavía por determinar. Lo trascendente, lo que nos debe interesar al conjunto de los españoles, es el resultado final y no la parafernalia o las sobreactuaciones de los políticos. España necesita un nuevo gobierno presidido por Mariano Rajoy, como líder del partido ganador de las elecciones generales de junio, que esté apoyado por una mayoría parlamentaria que garantice la estabilidad. El compromiso con Ciudadanos, al que se sumaría muy probablemente Coalición Canaria, nos situaría más cerca de ese objetivo prioritario para este país y su gente. Con ese refrendo para Mariano Rajoy, el PSOE tendría la entera responsabilidad de mantener a la nación en la provisionalidad y en el bloqueo o bien posibilitar la acción de ese nuevo gobierno y también la suya como principal partido de la oposición. Pedro Sánchez, pero especialmente los barones territoriales socialistas, tendrán que meditar muy pausadamente sobre las consecuencias y el desgaste que supondría correr con los gastos electorales y de imagen de identificarse como el partido del «no» y empujarnos a unos terceros comicios generales en menos de un año, con el evidente perjuicio para el bienestar de los ciudadanos y la confianza en España. El interés de la sociedad exige de sus representantes que supediten sus intereses a los del colectivo y que entiendan que el fracaso del proceso nos abocaría a un epílogo amargo que el país no merece.