Rivera debe huir de la pinza anti PP

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No es la primera vez que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, peca de arrogancia a la hora de encarar su responsabilidad política, aunque ello le suponga caer en la más palmaria de las incoherencias. Nos referimos, por supuesto, a las advertencias dirigidas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que está dispuesto a cambiar de socios parlamentarios, recurriendo al PSOE y a Podemos, si desde el Partido Popular no se avienen a cumplimentar todas y cada una de las exigencias plasmadas en el pacto de legislatura que permitió desbloquear la crisis de gobernabilidad en la que se hallaba España. En cierto modo, aunque no por ello menos preocupante, la pretensión de Albert Rivera raya en el absurdo de intentar apoyarse en una formación como Podemos, que es la antítesis de todo lo que ha venido defendiendo Ciudadanos, tanto en el plano de la política económica y social, como en el diseño del modelo territorial español, puesto en jaque por el desafío separatista catalán. Más aún, cuando las pretensiones de Rivera o tienen un difícil encaje constitucional –caso de la limitación de mandatos–, o exigirían una reforma mayor de la Carta Magna –caso de la eliminación general de los aforamientos–, o pretenden, simplemente, provocar la humillación pública del partido en el Gobierno, expuesto a una comisión de investigación sin más objetivo, aunque inconfesable, que erosionar la imagen y la credibilidad de sus más directos rivales en la pugna en las urnas. Por otra parte, con su actitud intransigente, el partido naranja sólo deja una salida: un adelanto electoral que, en estos momentos, afectaría gravemente al proceso de recuperación de España, además de restar cualquier credibilidad a quien, sólo seis meses antes, alardeaba de su contribución a la estabilidad de la nación. Sin duda, la ruptura del pacto que mantenían con los populares en Murcia, que aboca a la región que preside Pedro Antonio Sánchez a celebrar nuevos comicios que nada solucionarían –como demuestra la encuesta que hoy publicamos, el PP volvería a ganar claramente las elecciones, pero sin mayoría absoluta–, puede enmarcarse dentro de la amenaza de cambio de alianzas en el Congreso, pero tiene, más allá de la política de cortas miras, una lectura preocupante. La de que nos hallamos ante la cristalización de una de las peores consecuencias de la deriva populista que aqueja a las sociedades occidentales que más se han visto afectadas por la crisis económica y financiera internacional. Nos referimos al retroceso de las garantías individuales en el proceso penal, que, como la presunción de inocencia o la excepcionalidad de la prisión preventiva, son el pilar básico en el que se asientan los estados democráticos. En este sentido, el partido que preside Albert Rivera es libre de tomar las decisiones que considere oportuno a la hora de hacer valer sus votos, ya sea para apuntalar un gobierno como para impulsar una moción de censura –iniciativas que juzgarán en su momento los electores–, pero, desde un principio meramente democrático, carece de legitimidad cuando se arroga la potestad de imponer una pena preventiva de inhabilitación a quien no ha sido inculpado de delito alguno. No es sólo la perversión de la carga de la prueba de los viejos procedimientos inquisitivos lo que chirría en todo el discurso presuntamente regeneracionista de Ciudadanos, es la arrogancia de quien se cree por encima del ordenamiento jurídico y desecha la experiencia de la historia en nombre de un nuevo paradigma moral. No, el partido naranja está obligado a respetar la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, tal y como lo establecen la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.