Gobierno de España
Sánchez, al final de la escapada
Como parece de todo punto increíble que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiera incurrir deliberadamente en un delito de desobediencia –tipificado en el artículo 502.1 del Código Penal–, negándose a comparecer ante la Comisión de Investigación que prepara el Senado sobre su tesis doctoral, habrá que resaltar el grave error de estrategia cometido por sus asesores, cuando desaconsejaron al Jefe del Ejecutivo que aclarara en un pleno del Congreso las, por otra lado, sólidas dudas que despierta su trabajo académico. Más aún cuando diversas voces autorizadas advirtieron en su momento de que se trataba de una equivocación de largas consecuencias, y no sólo en el tiempo, si el Partido Popular decidía imponer su mayoría absoluta en el Senado para emplazarle de acuerdo a la ley. Como hoy publica LA RAZÓN, la decisión está tomada y la bancada popular en el Senado ya estudia cuidadosamente una lista de comparecientes, que incluirá no sólo a las personas directamente concernidas en la elaboración y aprobación de la tesis, sino a un elenco de testigos de referencia y técnicos en la materia, entre quienes se encuentran, necesariamente, los creadores del programa informático de detección de plagios que utilizó la Moncloa para desmentir las acusaciones. Está última comparecencia puede ser demoledora, si los responsables del programa mantienen en la Comisión sus dudas sobre su correcta aplicación por parte de los funcionarios gubernamentales. Tampoco el calendario, todavía en período de consultas, parece que vaya a favorecer en absoluto al presidente del Gobierno, entre otras cuestiones porque su apretada agenda internacional convierte en inhábiles los meses de noviembre y diciembre. Dicho de otra forma, es previsible que los trabajos de la Comisión se prolonguen hasta el mes de junio, haciendo coincidir la resolución con las elecciones municipales y autonómicas. Por cierto que poco margen de queja tiene el PSOE ante esta evidente maniobra política si tenemos en cuenta que los socialistas y sus socios están prolongando artificialmente en el Congreso, y con idéntica intención, las sesiones Comisión de Investigación sobre las cuentas del Partido Popular. Pero la conclusión más evidente, más allá de las estrategias electorales, de libro, por otra parte, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a una delicada situación personal y política, incluso, si se tuercen las cosas, con derivadas penales. No vamos a caer en la ingenuidad de recordar las exigencias éticas que, como arma arrojadiza, por lo ya visto, reclamaba Pedro Sánchez al Ejecutivo de Mariano Rajoy, ni su sobreactuación en los casos de corrupción ni, por último, la declaración paladina de que en Alemania dimitían los políticos sorprendidos en plagio porque nada de esto tiene ya importancia. El listón ético del Gobierno y su socios de censura se desplomó estrepitosamente cuando la realidad puso a medio Gabinete ante la disyuntiva de la dimisión o de las excusas incoherentes. Eligieron lo último. Pero la cuestión de la tesis de Sánchez no admite tan fácil salida. Por un lado, los comparecientes están obligados a colaborar con la Comisión y pueden ser traducidos a un tribunal de justicia si mienten u obstruyen la investigación y, por otro, las explicaciones de Pedro Sánchez ante ese asunto nunca han sido clarificadoras y parten de una primera inexactitud, cuando afirmó ante la Cámara que su trabajo de doctorado estaba colgado públicamente en la red. Todo hace pensar que el tiempo de la escapada se le termina.
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