Sánchez evidencia su debilidad

Todos los grupos parlamentarios que auparon a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, con la excepción del PNV, decidieron ayer no respaldar la nueva senda presupuestaria aprobada por el Consejo de Ministros, dejando patente la minoría en que se encuentra el PSOE. Puede aducirse, y en parte es verdad, que la maniobra carece de consecuencias prácticas por cuanto pendía sobre el acuerdo del techo de gasto presupuestario el inevitable veto del Senado, en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Es decir, que los presuntos socios del Gobierno nada arriesgaban con su posición abstencionista, justificada con los manidos argumentos de la falta de diálogo o de la insuficiencia del nuevo gasto público. Pero la maniobra es tan evidente, tan de manual de desgaste, que puede llevar a muchos ciudadanos a preguntarse si, ante la imposibilidad de atender las demandas de barra libre presupuestaria, que están fuera del alcance de cualquier Gobierno de la eurozona, no haría mejor Pedro Sánchez en adelantar las elecciones, quizás al próximo otoño. Porque tanto Podemos como los separatistas catalanes han querido demostrar que La Moncloa está en sus manos y que sólo apoyarán al actual Ejecutivo mientras las circunstancias políticas lo aconsejen. Pero, ya sea en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya sea en la cuestión de Cataluña, la debilidad del partido gubernamental augura nuevos sofocos a su presidente. Entre otras cuestiones, porque la votación de ayer en el Congreso no exime al Gobierno del deber de presentar un proyecto de PGE para 2019, condicionado por el techo de gasto que ajustó Mariano Rajoy con Bruselas, que, en mínima coherencia, debería volver a obtener el rechazo de la Cámara, ya sin la excusa del veto del PP. Incluso recurriendo a la ingeniería legislativa, que vaciaría aún más de competencias al Senado, o a una política impositiva todavía más agresiva que la anunciada, es imposible que el Gobierno pueda atender las demandas demagógicas de la extrema izquierda sin incumplir el precepto constitucional de la Ley de Estabilidad. Y lo mismo reza para los socios de PDeCAT y ERC, cuyos 16 escaños son determinantes, si éstos pretenden vincular como así parece, una negociación bilateral entre la Generalitat y La Moncloa que incluya un referéndum de autodeterminación o una modificación de la situación procesal de los responsables del golpe, con el respaldo a las cuentas públicas, es evidente que Sánchez no podrá conceder, ni creemos que esté en su ánimo, lo que no está en su mano. En este sentido, ayer, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe enjuiciar el proceso separatista, decidió mantener la prisión preventiva de los encausados, respaldando de pleno al juez instructor, Pablo Llarena, lo que augura una pronta fijación de la vista oral, que puede coincidir con el debate presupuestario. El futuro inmediato está, pues, muy alejado de la alegada estabilidad política con la que Pedro Sánchez justificó su moción de censura y no tiene visos de que vaya a cambiar. En realidad, esta situación era previsible y estaba advertida. Si ya parecía una entelequia mantener un Gobierno de centro izquierda con el respaldo de sólo 84 escaños, más aún cuando los supuestos socios tienen unas agendas políticas en los límites del pacto constitucional, caso de Podemos, o absolutamente fuera de ellos, como ERC y el PDeCAT. La mejor solución, al menos la única que parece viable una vez descartada la negociación con el centroderecha o el incumplimiento de nuestros compromisos con Bruselas, es el adelanto electoral que reclaman el PP y Ciudadanos. La moción de censura sólo tuvo una cualidad negativa –la de todos contra el vencedor de las elecciones– y es preciso un refrendo en urnas.