Sánchez no puede utilizar a los nacionalistas como coartada

El PSOE está en su derecho de lanzar todas las cortinas de humo que quiera, pero debe ser consciente de que su táctica ya no engaña a nadie: si la XII Legislatura se convierte en un fracaso como la anterior, los ciudadanos responsabilizarán directamente al Partido Socialista de haber impedido la formación del gobierno que tan perentoriamente necesita España. Hacemos esta salvedad porque ayer, –aprovechando que en la votación para elegir a los vicepresidentes de la Mesa del Congreso los candidatos del PP y Ciudadanos habían obtenido diez votos más de los previstos, hasta sumar 179 escaños–, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, se apresuró a sacar conclusiones sobre la existencia de un hipotético pacto entre los populares y los nacionalistas vascos y catalanes que todos los supuestos protagonistas han rechazado categóricamente. Por supuesto, el objetivo de Hernando, dentro de esa ceremonia de la confusión que le es tan grata, no es otro que aliviar la presión de la opinión pública sobre su secretario general, Pedro Sánchez, para que desbloquee la situación por la vía de la abstención y permita la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, una vez que parece imposible llegar al pacto de la gran coalición, por más que sea ésta la opción que mejor vendría a la estabilidad de España y a los esfuerzos para dejar definitivamente atrás la crisis. Lo cierto, –y es algo que no puede extrañar a una persona de la experiencia de Hernando–, que los gestos políticos, las cortesías parlamentarias e, incluso, los acuerdos meramente finalistas entre las distintas fuerzas del Congreso y del Senado durante la conformación de las Cámaras y la distribución de los grupos, no tienen por qué traducirse en pactos de investidura o acuerdos de legislatura. Es decir, que más allá de comentarios y conjeturas sobre el origen y la motivación de esos diez votos «fantasma», la distribución de las fuerzas políticas en el Congreso no ha cambiado y la ecuación a despejar por el PSOE sigue siendo la misma. Con una diferencia determinante respecto a la pasada legislatura: la necesidad de abordar cuanto antes la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado –que hay que presentar obligadamente a las Cámaras a primeros de octubre–, so pena de tener que prorrogar los actuales, inadecuados para afrontar las necesidades del próximo ejercicio. Cualquier actitud que no sea la de facilitar la formación de un gobierno que ponga fin a siete meses de interinidad, en los que las expectativas económicas internacionales han cambiado drásticamente a causa del Brexit, es una irresponsabilidad impropia de un partido con vocación de Gobierno y sentido de Estado como es el PSOE. Decía ayer Mariano Rajoy, tras la sesión de constitución de las Cortes, que es absurdo aplazar la toma de decisiones más allá del mes de agosto, cuando se puede hacer ahora. Es una observación con la que, sin duda, coincidirá la mayoría de los ciudadanos. A menos que el secretario general de los socialistas pretenda someterse a una más que problemática investidura, ejecutar una estrategia de desgaste político sobre el hombre que ha ganado con claridad las elecciones es hacerle un flaco servicio al país, pero también a su propio partido. Los ciudadanos suelen castigar en las urnas a quienes anteponen los intereses partidistas sobre el bien general. Y si no, tiempo al tiempo.