Sánchez y la falsa apertura de Cuba

El viaje oficial de cualquier presidente español a Cuba siempre es controvertido. El motivo es muy claro: la isla está sometida a una dictadura desde hace casi sesenta años. Sin derechos públicos e individuales, dirigido por un solo partido –el comunista, por supuesto–, sin libertad de expresión y sometido al férreo control de los aparatos del Estado, la sociedad cubana subsiste en un régimen de precariedad que avergonzaría a cualquier gobernante decente. Pero, por otra parte, España no puede estar al margen de las vicisitudes que vive Cuba, por sus vínculos históricos y afectivos y por el papel que le correspondería en una salida democrática a la actual dictadura. Es decir, España debe ser un actor diplomático clave, pero en ningún caso puede dejarse utilizar por la burocracia castrista para salir de su aislamiento sin gesto alguno de apertura. Hay intereses económicos, sin duda, de manera especial en el sector turístico –con el 71 por ciento de las habitaciones de hoteles españoles–, y nuevas inversiones que pueden ponerse en marcha, pero la oposición democrática también reclama complicidad por parte de un país como España y lo reclama que, en contra de lo que se cree, es de regresión. El viaje de Pedro Sánchez, aunque se inscribe dentro del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la UE –y en su campaña de personas y proyección internacional–, ha prescindido de cualquier encuentro o gesto con los disidentes. Son las condiciones impuestas por el régimen. Si es cierto, como dijo ayer el presidente del Gobierno, que notó en el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, algún aire de apertura, ha perdido la ocasión de plantearlo abiertamente, con la prudencia que requiera la diplomacia, pero sin que hubiera duda del compromiso con los que sufren un régimen en el que no se respetan las libertades, sobre todo porque semanas antes había dicho en el Congreso estar «dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba». «Por tanto –añadió–, no solamente voy de vendedor». Aunque fue esta última función la que quedó más clara al reclamar, en presencia de Díaz-Canel, sistemas para arbitrar los impagos a la empresas españolas por parte del Estado cubano. Tras el traspaso de poderes de Fidel Castro a su hermano Raúl y el de éste a Díaz-Canel, se suele cometer el error de creer que hay una apertura en marcha. No es así. Las reformas económicas han quedado paralizadas por una falta de claridad de los dirigentes cubanos, incapaces de definir su soñada economía mixta –de hecho existen dos monedas que sólo favorecen la desigualdad– y el papel del sector estatal y de la pequeñas empresas nacionales. La economía cubana necesita 2.200 millones de euros anuales para funcionar, pero de nada sirve –sólo para mantener al régimen– si no se abre el mercado interior, que sigue controlado por el Estado. Sánchez no debe desconocer esta situación. La nueva Constitución, que capitanea Díaz-Canel y que deberá aprobarse el próximo 24 de febrero, es, en contra de lo que anuncia, un nuevo retroceso en las libertades. Baste decir que habrá censura en internet –cuando se usa con fines «subversivos»– o el derecho de reunión y manifestación, ya que estos deberán ejercerse en defensa de la «legalidad socialista». Sánchez tuvo el «gesto» de reunirse con el escritor Leonardo Padura, pero quizá desconozca que sus libros son inencontrables en las librerías de La Habana y, en tanto que autor que edita en España, tiene el «derecho» a hacerlo en contadas ocasiones por la Editorial Nacional. Tampoco dijo nada sobre el «decreto 349», el primero firmado por Díaz-Canel y que entrará en vigor en diciembre, que exige a los artistas un permiso oficial para desarrollar su actividad en espacios públicos o privados. Ni una palabra, como es lógico, para los presos políticos. Presos políticos de verdad.