¿Segundo golpe de estado en Turquía?

La implantación del estado de emergencia en Turquía, que conlleva la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos, es una gravísima decisión que pone al presidente Tayyip Erdogan en el extrarradio de las democracias consolidadas y, al mismo tiempo, alimenta las sospechas de que el Gobierno islamista está aprovechando el frustrado golpe de Estado militar para desembarazarse sin juicio previo de cualquier opositor a su deriva personalista y autoritaria. Si ya la larga lista de jueces, maestros, policías, militares y otros funcionarios detenidos o expulsados de sus puestos de trabajo por decisión arbitraria indica que el Gobierno de Ankara tenía «fichados» a quienes consideraba contrarios a las pretensiones del «sultán» de reformar la Constitución de la República en sentido presidencialista, el estado de emergencia, una vez fracasado el golpe, no puede tener otra intención que la de incrementar la represión sin trabas legales. Pero ninguna ley de excepción está exenta de cumplir con los principios elementales de la Carta de Derechos Humanos: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y la imposibilidad de imponer un castigo que no esté contemplado por la Ley.