Sin temor a la transparencia

La Iglesia española estará incluida en la ley de transparencia, tal y como hoy adelanta LA RAZÓN. Es una decisión lógica, acorde con la pretensión del Gobierno de Mariano Rajoy de abordar en profundidad una reforma legislativa ambiciosa, que permita la regeneración democrática, uno de cuyos puntos fundamentales debe ser la gestión adecuada de todas aquellas instituciones y organismos que reciben dinero público, es decir, que se mantienen con parte de los impuestos que pagamos todos. Es, además, un mandato del Parlamento que, a propuesta de todos los grupos, pidió al Ejecutivo que buscara las mejores fórmulas para ampliar el ámbito de la obligada transparencia fuera de la administraciones públicas, lo que incluye a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las instituciones culturales y, en último término, a la Casa Real. Es evidente que la Iglesia, como receptora de diversas partidas presupuestarias oficiales, no podía quedarse al margen. La decisión del Gobierno debe entenderse en este sentido, aunque algún sector de la opinión pública, sin duda muy minoritario, pueda ver una actitud anticlerical, lo que no es el caso. Por otra parte, la Conferencia Episcopal española nunca se ha opuesto a la supervisión de los fondos públicos que recibe, bien sea a través de la asignación por IRPF, bien por otras partidas procedentes de los ministerios de Educación, Justicia y Sanidad, así como de las subvenciones destinadas a las obras de asistencia social, insertas en la estructura diocesana, y de los fondos destinados a la conservación del patrimonio histórico y artístico. No creemos que la Iglesia vaya a poner ningún problema a la auscultación de sus cuentas. La experiencia nos dicta que es una institución austera, con más necesidades que ingresos y cuyas organizaciones sociales y de asistencia, a través de la red parroquial, están en primera línea en la ayuda a los necesitados, supliendo en muchas ocasiones las deficiencias de los organismos del Estado en este campo, en el que la burocracia esteriliza muchos esfuerzos. Desde la orientación y el apoyo a los inmigrantes más desfavorecidos, hasta las ayudas directas a familias en peligro de exclusión social, pasando por el cuidado de enfermos y ancianos, la Iglesia española se ha convertido en la última red de seguridad de las víctimas de la pobreza y de la soledad. El enorme esfuerzo de Cáritas alentando y distribuyendo la solidaridad de millones de españoles en los peores momentos de la actual crisis económica es el mejor indicio de que cualquier ejercicio de transparencia demostrará que el «debe» de la sociedad hacia nuestros sacerdotes y religiosos, hacia tantos seglares comprometidos, es muy superior al «haber».