Soberanismo corrupto

La oleada de detenciones y registros llevados a cabo ayer en Cataluña por la Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, ha tocado de lleno al círculo más próximo del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas. La operación policial se enmarca en la investigación de la financiación irregular de la antigua Convergència, el conocido «caso del 3 por ciento», y también salpica notablemente la gestión del Ayuntamiento de Barcelona llevada a cabo durante el mandato del alcalde Xavier Trías. Como era de esperar, los portavoces convergentes se han apresurado a vincular la actuación de la Fiscalía con la creciente tensión separatista, ignorando deliberadamente que el procedimiento judicial es previo al proceso de ruptura impulsado desde la propia Generalitat. Es tal la evidencia, que una de las concejales de la CUP en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, María José Lecha, descartaba ayer la fábula de la represalia por el proceso independentista, insistiendo en que la investigación viene dada por «denuncias del pasado», entre las que se cuentan las de la propia CUP. Contrasta esta postura con el desairado papel del vicepresidente del Gobierno de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha tratado de nadar entre el conocimiento general de una corrupción que también su propio partido había denunciado y las obligaciones y pactos que le atan con la antigua Convergència. Mal puede casar el apoyo público de ERC a Artur Mas –que el próximo lunes se sienta en el banquillo del TSJC para responder por su actuación en el referéndum ilegal de 2014– con el hecho de que entre las personas que han sido detenidas o interrogadas por la Guardia Civil se encuentran algunos primeros espadas del equipo del ex presidente. Por ejemplo, Francesc Sánchez, a quien Mas le encargó que dirigiera la transición entre la vieja organización de CDC y la nueva de PDEcat. También destaca por su vinculación personal con Mas el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, que fue senador de la minoría catalana entre 1993 y 2004. O el ex gerente del consistorio barcelonés, Constantì Serrallonga, actualmente al frente de la FIRA, una de las instituciones más prestigiosas del Principado. Pero mientras la investigación judicial sigue su curso –con los tiempos a los que nos tiene acostumbrados la Justicia española– y se va desvelando la compleja trama de financiación ilegal de Convergència, que cada vez se intuye más extensa, parece llegado el momento de que el Gobierno de la Generalitat, que preside el convergente Carles Puigdemont, cumpla con uno de sus deberes básicos para con los ciudadanos de Cataluña como es el de dar explicaciones y cuentas de unas prácticas corruptas de larga data que han perjudicado gravemente la gestión de los fondos públicos, con sobrecostes y desvíos por valor de cientos de millones de euros. También debería explicar las consecuencias de una política clientelar que primaba injustamente a unas empresas sobre otras. En definitiva, los catalanes, y el resto de los españoles, tienen derecho a saber de la propia Generalitat cuál es el alcance de las acusaciones judiciales de financiación ilegal, blanqueo de capitales, cohecho y malversación que atañen a respetables instituciones de Cataluña y qué medidas piensa tomar. Tarde o temprano, la realidad de las cosas acabará por dispersar la cortina de humo del proceso separatista y pondrá a los actuales gobernantes de Cataluña ante las responsabilidades propias de una gestión nefasta para el interés común. Entonces ya no valdrá parapetarse detrás de las banderas del victimismo.