Suspenso en la huelga educativa

Detrás del escaso seguimiento de la jornada de huelga educativa celebrada ayer –absolutamente minoritario entre el sector docente–, subyace el consenso mayoritario de que nos hallamos, una vez más, ante el oportunismo político de una izquierda radical empeñada en hacer fracasar el gran pacto por la Educación que precisa España. Por ello, ante el enésimo fiasco de la convocatoria, no es de extrañar que en algunos centros universitarios los piquetes de huelga tuvieran que emplearse con violencia hasta obligar a la intervención de la Policía, en una prueba más de lo que entienden los radicales sobre el ejercicio de la libertad individual. No es sólo que sus reivindicaciones, a modo de foto fija, estén completamente alejadas de la realidad, sino que el objetivo buscado sólo es compartido por esa pequeña minoría de la sociedad española que entiende la enseñanza pública como vehículo de adoctrinamiento ideológico. No otra cosa se oculta tras el taxativo rechazo a la natural coexistencia de centro públicos y concertados –que siempre presentan más demanda que oferta– y a la libertad de cátedra. Por otra parte, estamos ante la absurda pretensión de que se derogue la actual legislación –que, por cierto, ha propiciado que España elimine la brecha educativa con los países de la OCDE y reduzca, por primera vez en la historia la tasa de abandono escolar temprano– sin que se haya elaborado la ley que debería sustituirla, lo que supondría dejar en el limbo a ocho millones de alumnos y a 680.000 docentes. Tal despropósito sólo se justifica en la táctica de la doble presión, en la calle y en las instituciones, propugnada por Podemos, para deslegitimar el trabajo de la comisión parlamentaria. Por lo demás, las organizaciones convocantes –todas ellas vinculadas a la izquierda– desprecian olímpicamente los hechos para denunciar una situación de recortes en la financiación del sector de la enseñanza que ya no son tales, gracias a la recuperación de la economía española. Así, se ha elevado la tasa de reposición de funcionarios al 100 por cien, se han reducido los ratios entre el número de alumnos y el de profesores y en el proyecto de Presupuestos para 2017 se contemplan –con su financiación correspondiente– el aumento de las retribuciones de los docentes, el incremento de la partida de becas y la consolidación del empleo educativo con el objetivo de rebajar las tasas de interinidad al entorno del 10 por ciento. Con todo, como señalábamos al principio, lo más preocupante es el intento deliberado de hacer fracasar los trabajos de la subcomisión parlamentaria –de la que forman parte algunos de los grupos convocantes de la huelga–, cuyo éxito significaría un logro fundamental de la democracia española que, hasta el momento, no ha sido capaz de generar una Ley de Educación consensuada por los partidos políticos que esté por encima de intereses y convicciones partidarias. Si desde estas misma páginas hemos defendido que la última ley elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy –la Lomce– significaba un avance notable sobre la situación anterior –y los resultados nos avalan–, también creemos que es de la máxima importancia para el futuro de España que algo tan trascendental como es el modelo educativo se elabore desde el mayor consenso político posible. De ahí que el ataque constante de la izquierda radical, con descalificaciones personales a quienes llevan a cabo las negociaciones, suponga una amenaza mayor para alcanzar el resultado que la mayoría de los ciudadanos desean. Si bien el derecho a la huelga no entra en discusión, sí pueden rechazarse, como en este caso, motivaciones y objetivos que no buscan el interés general.