Torrent se equivoca de camino

El presidente del Parlament, el independentista Roger Torrent, propuso ayer al prófugo Carles Puigdemont como candidato a la investidura de la presidencia de la Generalitat. En su decisión no ha pesado la situación judicial del cabeza de lista del PxCat, ni que esté huido –e investigado por malversación, sedición y rebelión– y, por lo tanto, su innegable persistencia en estos delitos. Para Torrent, tiene «absoluta legitimidad» para ser candidato, dado que, además, es el que más consensos puede alcanzar. De nuevo, se abre paso la confusión que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a Cataluña: creer que a quien incumple la Ley le asiste la legitimidad de representar al pueblo de Cataluña. Es el mismo planteamiento que el que sostiene el PxCat: Puigdemont tiene inmunidad parlamentaria, aunque olvidan muy intencionadamente lo que la Fiscalía General del Estado ya se ha encargado en recordar, que ese derecho no le da ninguna «impunidad». Si la presidencia de la Cámara catalana insiste en su propuesta de proponer a Puigdemont para que inicie el proceso de investidura entraríamos en un escenario cuyas consecuencias nos llevarían de nuevo a separar a la principal institución catalana de la legalidad. Si se persiste en esta vía y se fuerza un debate sin la presencia del candidato y, en consecuencia, se llega al esperpento telemático, estaríamos entrando en una vía con muy poco recorrido, ya que podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por cualquiera de los grupos parlamentarios. De hecho, el PSC ya ha anunciado que nada más publicarse en el Boletín Oficial de la Generalitat la candidatura de Puigdemont, presentarán un recurso ante el TC por vulneración de derechos parlamentarios. No cabe duda de que si Torrent persiste en su plan, incluso en contra de la opinión de los letrados de la cámara, sentaría un precedente nefasto en esta legistatura de por sí anormal. La conocida estrategia de los independentistas basada en los «hechos consumados» –es decir, saltarse las leyes o retorcerlas– ya sabemos qué consecuencias tiene. No sería la mejor manera de empezar la legislatura suspendiendo el TC la investidura. Su recorrido, como decíamos, sería corto, porque, o bien se elige a otro candidato, o el nuevo gobierno echaría andar con un presidente que tiene una causa abierta en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el presidente del Parlament quiera entrevistarse con Mariano Rajoy si no hay previamente un respeto institucional básico, que pasa por el cumplimiento de la Ley y ésta por que Puigdemont no pueda ser el presidente desde Bruselas. De seguir este camino, el independentismo incurriría en los mismos errores ya cometidos y cuyas consecuencias ya conocemos. ¿Qué puede esperarse de un supuesto presidente que va pregonando por Europa que en España pervive el franquismo, como hizo ayer en Copenhague? Es evidente que hay una anormalidad institucional que el independentismo quiere prolongar hasta implicar a la jefatura del Estado, dentro de una estrategia ingenua –pero no por ello bienintencionada–, muy en la línea ahora impulsada por Podemos de contraponer a nacionalistas frente a «monárquicos». Es función del Rey «sancionar y promulgar las leyes», como así establece la Constitución (artículo 62), en lo que se incluye rubricar el nombramiento de los presidentes autonómicos, previa firma del presidente del Gobierno, lo que supone que sin la firma de este último no se producirá la del jefe del Estado. Ese, sin embargo no es el debate, ni es el camino que debe tomar el independentismo en la actual configuración del Parlament. El cumplimiento de la Ley no se negocia.