UGT y CC OO deben explicarse

En un nuevo impulso a la investigación sobre la trama de los ERE fraudulentos de Andalucía, que lleva a cabo la jueza Mercedes Alaya, la Guardia Civil practicó ayer otras nueve detenciones y llevó a cabo una docena de registros domiciliarios y en sedes de empresas. Entre los nuevos inculpados se encuentran el secretario general de la UGT en la provincia de Cádiz, Salvador Mera, y dos ex altos cargos de CC OO, Roberto Carmona y Francisco Casado. No son las primeras personas relacionadas directamente con los dos grandes sindicatos españoles a las que la jueza Alaya relaciona con el que se está revelando, por la cuantía del dinero público malversado y por la extensión de la trama, como el caso de corrupción con dinero público más grave de la historia reciente de España. Las acusaciones, basadas en múltiples indicios pacientemente recogidos por la Guardia Civil, son especialmente dolorosas, puesto que se refieren a la desviación de fondos destinados a indemnizar a trabajadores que se quedaban en paro o a empresas en dificultades por parte, nada más y nada menos, de quienes tienen encomendada la defensa de esos mismos trabajadores. El que un secretario provincial, en este caso de la UGT, esté en los calabozos a la espera de su interrogatorio judicial, demuestra que las complicidades pueden llegar a las cúpulas de las organizaciones sindicales en cuestión. Sin entrar, porque no es el momento, en los problemas de funcionamiento de unos sindicatos excesivamente funcionarizados y prácticamente dependientes para su financiación de los fondos públicos, tanto UGT como CC OO deben afrontar sus responsabilidades, llevar a cabo una profunda limpieza entre sus filas, colaborando estrechamente con la Justicia, y comparecer ante la opinión pública para dar extensa cuenta de lo sucedido. Es lo que han exigido a otros por acusaciones mucho menos graves y peor fundamentadas, y es lo que deben hacer. La corrupción no conoce límites ideológicos y nadie está en posición de arrojar la primera piedra, y menos la izquierda española, pese a su pretendida superioridad moral. La única manera de luchar contra la lacra es sacándola del debate partidista y de la manipulación demagógica. No hay otro camino y, ante la tozudez de los hechos, se impondrá la sensatez. Tal vez no con estos dirigientes sindicales, que llevan más de un año negando la mayor, pero sí con los que les sucedan. Y una buena manera de comenzar la necesaria regeneración es apoyando, desde su ámbito público, de tanta responsabilidad, los esfuerzos del actual Gobierno en pro de las leyes de transparencia y de lucha contra la corrupción, instrumentos que, con el consenso de todos, pueden convertirse en el arma más eficaz contra un problema que no conoce de partidos, sindicatos u organizaciones sociales.