Un buen paso, pero insuficiente

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con la que se da un paso importante en la defensa de los derechos de los autores frente al uso ilícito que puede hacerse de su trabajo, es decir, sin compensación económica alguna, incluso traficando a gran escala con estos productos, sean libros, cine o contenidos informativos facilitados por los medios de comunicación. Éste es un largo camino en el que la implantación de las nuevas tecnologías de reproducción e internet han extendido la opinión de que todo es gratis. Pero no lo es. Con esta nueva ley, los editores de contenidos, especialmente de periódicos, pueden cobrar una compensación de los agregadores por su uso. El «gran agregador» es Google, que hace uso indiscriminado de todo tipo de productos (Bruselas negocia con esta compañía por su posible abuso de dominio) y, según esta nueva norma, puede seguir haciéndolo utilizando fragmentos sin permiso previo, pero obligado a una «compensación equitativa», que tendrán que acordar entre ambas partes o, en caso contrario, estipulándola el Ministerio de Cultura. Sin duda es una medida muy importante para que los editores de periódicos tengan un marco jurídico estable frente a determinados abusos, como ya se está aplicando en Francia y Alemania. La ley revisa y reduce lo que se entiende por «copia privada» (CD y DVD), cuya compensación era antes el «canon digital» y ahora va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, una cuestión que los productores de contenidos creen que está poco desarrollada porque no es el contribuyente quien debe aportar esta cantidad sino la industria tecnológica, siguiendo la doctrina comunitaria. En el centro de estas medidas está la lucha contra la «piratería digital», y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil –y la que ya estaba anunciada del Código Penal– va en este sentido, aunque la mayor potestad de la que dispondrá la Comisión de la Propiedad Intelectual para perseguir los casos de uso ilegal de páginas es todavía ambigua. De hecho, editores de contenidos sostienen que la vía idónea es la de bloquear páginas web cuando haya un delito de infracción y estén siendo investigadas. Dicha Comisión debe tener más medios para desarrollar su trabajo, única manera de que esta ley pueda desarrollarse con éxito. Es un acierto la creación de la «ventanilla única» que sintetizará el pago de los derechos y evitará que, como sucede en las televisiones, se llegue a pagar hasta por triplicado a diferentes entidades de gestión, pero es insuficiente. Hay que tener en cuenta que estas entidades de gestión tienen tarifas arbitrarias que llegan a sumar a final de año el 6% de la facturación de las televisiones (todo el sector alcanza los 4.000 euros). Por lo tanto, deben establecer de manera urgente criterios objetivos y proporcionados y no demorar una situación que los tribunales han declarado irregular.