Un fiscal general del estado sólido para desafíos exigentes

El fiscal general del Estado es una institución medular de nuestra estructura judicial y, por ende, del Estado de Derecho. Su labor nunca es sencilla y se mueve habitualmente en la controversia y la discusión, pues sus decisiones se erigen como un baluarte en defensa de la legalidad, con lo que ello supone, frente a aquellos que pretenden subvertirla. No es la última línea de defensa, pero casi, y por esa razón la responsabilidad del titular es enorme. Consuelo Madrigal llevaba dos años en el cargo y cesó tras el final de la legislatura con un balance profesional muy solvente y un trabajo eficiente del Ministerio Público en la persecución de la corrupción y en la lucha contra el terrorismo. Se esperaba el nombramiento del sustituto con la expectación propia de una elección, puesto que será actor principal en un horizonte español con desafíos exigentes. La propuesta del Gobierno se decidió ayer por el magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, que tendrá que esperar el informe de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial y del Congreso antes de poder asumir oficialmente el cargo. Con José Manuel Maza, el Ejecutivo ha apostado por la experiencia, la formación, el diálogo y la firmeza en la defensa de sus convicciones jurídicas hasta el punto de defenderlas en soledad, e incluso en minoría, en las deliberaciones del tribunal, lo que no ha sido una excepción. Esas cualidades le han granjeado un incuestionable prestigio en el propio Tribunal Supremo y, en general, en toda la carrera, a lo que hay que añadir su condición también de fiscal (lo es en excedencia), pues aprobó ambas oposiciones, entonces separadas. Si a cualquier profesional cabe medirlo por las actuaciones y las decisiones en su ejecutoria, las de José Manuel Maza le definen, más allá de la solidez de sus argumentos, por la independencia de sus posicionamientos. Hay que recordar, por ejemplo, que archivó la querella contra la cúpula de Podemos por una presunta financiación ilegal, se mostró contrario a la «doctrina Botín», se quedó solo en la defensa de una condena por prevaricación contra Baltasar Garzón por investigar el franquismo y rechazó exonerar al entonces presidente del Supremo, Carlos Dívar, del caso de los viajes pagados por el CGPJ al apreciar delito, entre otros. Dos de sus ponencias han tenido también un alcance jurídico especial que hablan de su dimensión como jurista: la que avalaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la que refrendó que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan acceder a la agenda del móvil de un detenido sin autorización judicial en determinadas circunstancias. La reacción de las principales asociaciones de fiscales a su elección ha sido positiva, lo que, en principio, es un respaldo no menor. José Manuel Maza tendrá que apoyarse en la carrera para poder afrontar con las máximas garantías los retos decisivos que tendrá que afrontar en su mandato. Además de profundizar en la autonomía del Ministerio Fiscal, en su independencia y en apostar por su modernización, le tocará encarar el desafío separatista catalán, la corrupción y el terrorismo yihadista, además de abordar la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la nueva disposición para que los fiscales asuman la instrucción de los sumarios. Aunque, por supuesto, los apriorismos son siempre relativos, la trayectoria y el perfil del magistrado del Supremo elegido parecen reunir las cualidades necesarias para enfrentar sus deberes con la idoneidad precisa.