Un juicio en defensa de la democracia

El pasado 12 de febrero se inició el juicio por los hechos acaecidos en septiembre y octubre de 2017 y que culminaron con la declaración unilateral de independencia de Cataluña. En total, ciento treinta días ha durado la vista oral y, por encima de la sentencia final, que previsiblemente será después del verano, se puede extraer una primera conclusión: ha sido un verdadera lección de cultura democrática. Por las garantías procesales respetadas al detalle por un tribunal magistralmente presidido por Manuel Marchena, por el engranaje legal sobre el que se sostiene un estado de Derecho y por la demostración de que una democracia se defiende con la Ley. Hay algo más: queda patentemente demostrado que las buenas intenciones de los procesados –todo lo hicieron en cumplimiento de la voluntad del pueblo catalán, siguen argumentando– de nada sirven si se vulnera la ley y se hace, además, gravemente derogando de un plumazo la Constitución y el Estado de Autonomía que de ella emana. La verdad de los hechos ha prevalecido sobre un relato victimista, con capítulos de perverso sacrificio colectivo, como creer que desafiar al Estado al nivel que lo hicieron no desencadenaría momentos de violencia –pocos fueron– que han aprovechado como su único capital político. El alegato final de los acusados se ha mantenido en el mismo planteamiento y tono que hemos visto en las defensas en estos meses –salvando el pragmatismo de algún letrado–, enrocados en que, aun aceptando que su objetivo era la independencia y la liquidación para ello del orden constitucional, actuaron de «buena fe». Esa es la esencia del credo nacionalista. La política ejercida en Cataluña en los últimos cuarenta años puede dar alguna clave de por qué políticos que estaban al frente de la Generalitat pudieron actuar con tanta irresponsabilidad y saltarse la legalidad con tanta inconsciencia o directamente desprecio. En el turno de última palabra que acoge a los acusados no hubo la menor aceptación de que el camino emprendido fue un error y mantuvieron el habitual tono empleado para justificar cada una de las medidas que desde 2012 fueron irreparablemente hacia la desconexión con el resto de España, con el Estado y con el conjunto de la sociedad. Fueron cautos en hablar de «juicio político» ante el Tribunal Supremo, pero no dieron muestras de haber comprendido el verdadero fracaso del nacionalismo catalán, cuyo objetivo pasaba por acabar con la unidad territorial de España y minar de raíz el proyecto europeo. Las últimas sentencias y, de manera especial, la del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo, de que la actitud del Estado español era la «necesaria en una sociedad democrática», es una antecedente clave. Encima de la mesa del tribunal hay graves acusaciones por rebelión y sedición y dictará sentencia partiendo de hechos jurídicos probados y una acusación que es la que articula todo el proceso: quisieron destruir el orden constitucional utilizando métodos que están fuera de la legalidad. Eso es innegable y los propios implicados lo aceptan con los eufemismos clásicos del nacionalismo: por el bien de Cataluña. Si constituye un caso de golpe de Estado, como sostiene la acusación final de la Fiscalía, deberá argumentarse con mucho fundamento jurídico, lo que nadie duda –a excepción del presidente de la Generalitat–, sobre todo porque se va a tipificar un tipo de delito que hasta ahora no estaba recogido en nuestra legislación. Ningún país democrático hubiera impedido un ataque de este calibre. El «proceso» y su culminación el 27 de octubre no fue producto de un honesto arrebato patriótico, sino planificación con todos los recursos de la Generalitat para sobrepasar al Estado. El juicio del 1-O no ha sido el fracaso de la política, sino la acción legítima del Estado de Derecho para frenar un golpe contra nuestra democracia.