Un plan antidroga para La Línea

Si bien el problema del narcotráfico en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar viene de décadas atrás, lo cierto es que en los últimos años, insensiblemente, ha ido adquiriendo unas características nuevas, marcadas por la mayor violencia de los clanes locales y por la insolencia pública de sus protagonistas, que, podría decirse, imitan una «cultura del narco», más cinematográfica que real, pero que han puesto de moda las series de televisión y el cine. Como explican las autoridades policiales de la zona, en ese cambio influye la mayor eficacia de las aprehensiones por parte de la Policía y la Guardia Civil –sólo en que lo que llevamos de año se han incautado más toneladas de hachís y cocaína que en todo 2017–, que afectan gravemente a los ingresos de los traficantes y que, además, provoca un aumento de los llamados «vuelcos» –robos de mercancías entre distintos grupos– con el consiguiente rosario de ajustes de cuentas y comercio ilegal de armas. Hay otros factores materiales que explican el incremento de las operaciones de contrabando, como la vulgarización de las nuevas tecnologías de la comunicación por satélite o el diseño de embarcaciones rápidas con asistencia electrónica, y que ilustran las dificultades que enfrentan las Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de acabar con una práctica que, y es un hecho, involucra a amplias capas de la población local. Es un problema que está provocando la inevitable alarma y que, de no atajarse a tiempo y con firmeza, puede acabar por infiltrar el cuerpo social, creando una economía paralela y llevando, como ha sucedido en otras latitudes, a la formación de grandes cárteles de la droga, potencialmente destructivos para la estabilidad de las comarcas afectadas. Sin duda, una parte muy importante de la solución depende del Ministerio del Interior, cuyo actual titular es Juan Ignacio Zoido, departamento que debe aportar los medios que sean precisos, pero no solo. Hablamos de una zona con graves problemas económicos, las mayores tasas de desempleo de España –sólo en La Línea el índice de paro alcanza el 33,9 por ciento de la población activa–, alto fracaso escolar y graves carencias en vivienda y sanidad. Un caldo de cultivo ideal para el fomento de las actividades irregulares que, además, está enmarcado dentro de una situación peculiar, como son la colonia británica gibraltareña, foco habitual de contrabando, y las grandes plantaciones de hachís que se extienden impunemente por el norte Marruecos. Es preciso, pues, abordar un gran plan antidroga multidisciplinar, que involucre tanto a las autoridades del Estado como al Gobierno de la Junta de Andalucía que, no lo olvidemos, es responsable directo de las inversiones en Educación, Sanidad y Vivienda. No es de recibo que entre los jóvenes en edad escolar del Campo de Gibraltar se registre unas tasas de absentismo cercanas al 4 por ciento sin que los inspectores de la Consejería de Educación actúen con la debida contundencia en unos entornos familiares conocidos y muy determinados. Aunque, ciertamente, se trata de una minoría, no es difícil imaginar el atractivo que supone para estos jóvenes, muchos menores de 16 años, un mundo de ganancias fáciles, que multiplica por diez el sueldo de sus profesores. En definitiva, hay que seguir con la presión policial, pero, también, abordar reformas administrativas que regulen con mayor rigor la tenencia y el uso de embarcaciones de gran potencia; replantear la colaboración bilateral con Marruecos en materia de tráfico marítimo y actuar con firmeza contra el contrabando gibraltareño. La situación puede reconducirse, como ya se hizo en los años 80 cuando los clanes del tabaco se pasaron al tráfico de drogas, pero sólo si se actúa coordinadamente. En el Campo de Gibraltar, y fuera de él.