Un proyecto político fundado

El Debate del Estado de la Nación ha dejado, cuando menos, una certeza. La de que el Gobierno que preside Mariano Rajoy, pese al excesivo ruido ambiental, mantiene una línea política articulada en pos del objetivo principal de la revitalización de un mercado laboral que no esté condenado a la destrucción masiva del empleo ante cualquier ciclo adverso. Así, consciente de las dificultades de un desafío, que implica remover estructuras fosilizadas por el tiempo, la desidia y el conformismo, Rajoy cerró su intervención en el Congreso con una muestra de agradecimiento a los ministros de su Gabinete y a los diputados del Grupo Parlamentario Popular, a quienes reconoció un trabajo sujeto demasiadas veces a las críticas inmoderadas de la oposición. Pero no fue un gesto aislado, ni un recurso a la cortesía. A lo largo de todo el Debate, el jefe del Ejecutivo fue mostrando, pieza a pieza, cómo ha ido montando el puzle de la gran transformación del Estado, con referencias cargadas de intención a las deficiencias del sistema que se ha propuesto subsanar, desde la enseñanza, al mercado eléctrico, pasando por las medidas estrellas de la reforma laboral, la estabilización financiera y la liberalización comercial. Porque sin ese corpus legislativo, aún no completado, hubiera sido estéril el esfuerzo fiscal y productivo de los españoles. Hubiera sido homérica la tarea del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la hora de contraponer a ese relato político articulado –al que además avalan los hechos– una línea argumental con el mismo calado. Su renuncia al mero intento, con una intervención en exceso mitinera, de trazo grueso e ideológicamente instalada en la supuesta superioridad moral de la izquierda sobre la derecha, podrá, tal vez, galvanizar a una parte de sus renuentes votantes de cara a las elecciones europeas –cita con una importante clave interna para PSOE y para el propio Rubalcaba–, pero es dudoso que amplíe su base electoral hacia el centro del espectro político. Parecida sensación transmitieron las minorías parlamentarias nacionalistas ante las otras dos grandes cuestiones en liza: el desafío separatista catalán y el final de la banda terrorista etarra. En ambos casos, las respuestas del presidente del Gobierno se apoyaban en un silogismo categórico imbatible, por cuanto se asienta en el respeto a la Ley y a la legitimidad constitucional del Estado. Desde luego, no se trataba de una posición novedosa por parte de Mariano Rajoy, pero dada la obstinación de los sectores nacionalistas en el empeño de manipular el significado de las palabras, recobraba todo su valor la mera exposición de la evidencia: que no se puede acreditar precio a quien deja de asesinar; y que el derecho a decidir corresponde al conjunto del titular de la soberanía, y no sólo a una de sus partes.