Una comisión política e inútil

Hoy arranca en el Congreso, con la comparecencia de Luis Bárcenas, la comisión parlamentaria que investigará la financiación del Partido Popular. Por supuesto, nadie, ni siquiera sus promotores, pretende iluminar con la luz de la verdad los supuestos comportamientos irregulares del partido en el Gobierno, –labor en la que, por otra parte, ya trabajan las distintas instancias judiciales con una falta de diligencia que no es preciso glosar–, porque de lo que se trata es de mantener vivo el relato maniqueo del «partido más corrupto de Europa», que es, al parecer, la única arma de desgaste electoral del PP en la que confían los estrategas de la «triple alianza» conformada por PSOE, Ciudadanos y Podemos. Pero si a efectos prácticos la comisión adolece de la menor utilidad, puesto que no puede injerirse en los procesos judiciales abiertos y, además, cualquier exigencia de responsabilidad política ya ha sido largamente extinguida, no conviene despreciar las consecuencias institucionales de una «causa general» sin límite de tiempo ni proporcionalidad en las acusaciones. Así, se puede entender que la oposición trate de explotar al máximo el flanco más débil del adversario, incluso extendiendo el calendario hasta hacerlo coincidir con las próximas elecciones generales, pero no es aceptable en ningún caso que el celo inquisidor, ausente de buenas intenciones, ponga en duda la legitimidad democrática del Gobierno de la nación y del partido que lo sustenta. En este sentido, el tono de algunas intervenciones parlamentarias de los portavoces de la izquierda radical, con la descalificación grosera del PP, no ahuyentan, precisamente, los temores. Más aún, cuando la tónica general en lo que se refiere a las acusaciones de corrupción contra los populares es el uso del trazo grueso sin el menor reparo por la verdad. Sonroja, pero ilustra muy bien lo que decimos, que, por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, siga incluyendo en su galería de corruptos, con nombres y apellidos, a personas que fueron absueltas por los tribunales hace ya muchos años y a otras que ni siquiera han sido juzgadas. Sin duda, los efectos de una comisión que se prolongue durante el resto de la legislatura pueden suponer un desgaste para el Partido Popular y para el propio presidente del Gobierno –aunque en la mayoría de los casos que se van a tratar los supuestos corruptos ya no pertenecen al partido–, pero no es posible asegurar que ese desgaste sea suficiente para colmar las expectativas electorales de la oposición. Por un lado, no hay que descartar que la ausencia de buena fe procesal y la exageración en las acusaciones, algunas rayanas en el esperpento, puedan tener un efecto boomerang en la opinión pública, en especial sobre los votantes y simpatizantes del Partido Popular, impelidos a cerrar filas, y por otro, que aferrados al monotema de la corrupción, PSOE y Podemos cometan el error de enfrascarse en un mitin interminable y acaben por obviar la realidad del país. De la misma manera que el discurso de la catástrofe, que pudo tener alguna viabilidad en los momentos más acusados de la crisis económica, terminó por agotarse en sí mismo ante la realidad de la recuperación económica y de la eficacia de las medidas del Gobierno, puede sucederle al relato de la corrupción. Más aún, cuando en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, se va a investigar la financiación de los acusadores, que ni es tan diáfana ni tan ortodoxa como pretenden. La lucha contra la corrupción tiene que ser una tarea de todos, desde la lealtad a los ciudadanos y por encima de banderías. La comisión que hoy empieza, es otra cosa.