Una factura desmesurada

El anterior Gobierno socialista estableció, al fijar la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica –plasmada en la Instrucción Técnica Complementaria 3995, y publicada en el BOE del 30 de diciembre de 2006– la restitución de las inversiones realizadas en el caso de que las empresas concesionarias renunciaran en el plazo de 5 años –luego ampliado a 25– a la explotación de las instalaciones, por causa justificada. Es, salvo interpretación de mejor criterio, lo que puede suceder si, al final, se suspenden las actividades del proyecto Castor por decisión oficial. La firma hispano–canadiense responsable del mismo tendría derecho a recuperar sus inversiones a cuenta de las arcas del Estado y tras la correspondiente evaluación técnica. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de una cantidad enorme, de unos 1.615 millones de euros, en la que se suman tanto los gastos del desmantelamiento de la vieja plataforma petrolífera de Amposta, como la construcción del nuevo complejo gasístico y los intereses. Un «debe» que incrementaría el déficit público y al que, seguramente, se tendría que hacer frente mediante nuevas alzas impositivas en la factura energética. Se trata, pues, de una cuestión muy relevante, que afecta al bolsillo de todos los españoles, y que debe ser tratada con cautela, sin caer en demagogias populistas y tras un estudio técnico exhaustivo a cargo de los institutos geológicos del Estado. Vaya por delante que la seguridad de los pueblos de las costas de Castellón y Tarragona afectados por los movimientos sísmicos debe ser la prioridad de todos, y si se demostrase un impedimiento absoluto por la naturaleza del terreno elegido, el proyecto Castor debería suspenderse y afontar entre todos los españoles las consecuencias del error. Es ahora cuando más se echa de menos que los antiguos responsables socialistas no hubieran exigido los estudios geológicos pertinentes sobre los riesgos sísmicos de la zona a la hora de autorizar el proyecto. Esto no significa, sin embargo, que nos hallemos ante una decisión tomada. La experiencia en almacenamientos de gas subterráneos en el mundo –con más de 650 instalaciones, algunas de ellas bajo grandes urbes, como Berlín– es lo suficientemente amplia, y dicta que es preciso esperar al resultado de las evaluaciones científicas, puesto que las condiciones físicas y ambientales de los depósitos pueden variar tras el acomodamiento de las capas. Sólo al final de proceso de evaluación, sin alarmismo y sin condicionamientos políticos previos, se podrá adoptar una decisión de tanto calado y que tanto dinero público pone en juego. Lo deseable sería que el depósito fuera viable y compatible con la seguridad de la zona afectada, pero si no fuera así, el Gobierno deberá explicarlo a los ciudadanos con total claridad.