Una reforma imprescindible

En estas tres décadas largas de democracia prácticamente todos los gobiernos se han fijado como objetivo la reforma de las administraciones. Los mejores deseos se estrellaron contra la envergadura y rocosidad de la tarea. A medida que las legislaturas se consumían, la arquitectura pública crecía desmesuradamente, unas veces con objetivos bienintencionados y otras por los afanes clientelares de los gobernantes de turno. Para Rajoy este proyecto ha sido clave desde el primer día. Desde Europa se urgió también a ello. El hecho de cubrir ese vacío de 30 años con la gran reforma pendiente, de materializar en un informe de 2.000 folios esa intervención profunda para poner al día las estructuras burocráticas, racionalizar su funcionamiento, delimitar competencias, eliminar las duplicidades, ajustar el sector a las necesidades reales y a las funciones que debe desempeñar, es un mérito incuestionable del Gobierno y, más en concreto, de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que ha coordinado los trabajos. Se ha llegado donde otros no pudieron o no quisieron. Rajoy presentó ayer el documento, encargado el pasado octubre, como «la radiografía más minuciosa» del sector público. El trabajo recoge 217 medidas para que las administraciones sean más austeras, más útiles y más eficaces, sin supresión de servicios para los ciudadanos ni merma en la calidad. No se trata, por tanto, de reducir por reducir, sino de optimizar, de ser más eficientes con trámites más simples, procedimientos más ágiles y una gestión mejorada. De la extensísima relación de propuestas, que el próximo Consejo de Ministros comenzará a poner en marcha, resultan especialmente atinadas la elaboración de un presupuesto de base cero, una gestión de tesorería común de la Administración –a día de hoy tiene abiertas más de 4.800 cuentas bancarias–, control de la morosidad, la centralización de los contratos de servicios, la administración electrónica, una ventanilla única para el comercio exterior, reconocimiento mutuo de las autorizaciones entre las distintas administraciones y un historial clínico único por paciente, entre otras muchas. La contribución de las comunidades será también fundamental. Nada menos que 120 de las medidas previstas persiguen eliminar duplicidades, pero se trata de recomendaciones y no de obligaciones, por lo que de la voluntad autonómica dependerá que se asuman. Habría que partir de la premisa, como precisó Rajoy, de que no estamos ante una reforma «ideológica», sino ante una actuación transversal. Que el éxito de la misma quedara condicionado por egoísmos locales o pugnas partidistas sería decepcionante. Hablamos de políticas de Estado. El PSOE debe estar a la altura, participar en los trabajos y enriquecer un documento esencialmente positivo. Quedarse al margen no saldría gratis.