Una reforma inaplazable

El problema al que se enfrenta el sistema educativo español es mucho más complejo y preocupante que la simple elección de la lengua vehicular en las comunidades bilingües. Por mucho que los nacionalistas catalanes y vascos pretendan desdibujar el debate, con una sobreactuación que en ocasiones roza la comicidad, la cuestión lingüística se limita al cumplimiento por parte de las autoridades educativas de las sentencias dictadas por los distintos tribunales que, como no podía ser de otra forma, avalan el derecho de los padres que lo deseen a elegir la lengua común de todos los españoles como prioritaria en el sistema de enseñanza. Ni se atenta contra el catalán o el euskera ni se pretende separar por origen a los alumnos. De hecho, en la enseñanza privada coexisten los dos sistemas con absoluta normalidad. Y, precisamente, de lo que se trata es de que el nivel de renta no influya en la libertad de elección. De cómo se garantiza en Cataluña esa libertad recobrada, es decir, las reglas de su aplicación, es algo que deben negociar lealmente el Ejecutivo central y el autonómico, supeditando los memoriales de agravios y los juicios de intenciones al bien superior, que no es otro que la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, el verdadero nudo gordiano al que se enfrenta la sociedad española, que corre el riesgo de quedar opacado por polémicas estériles, es el de la imprescindible reforma de un sistema educativo que presenta graves deficiencias. Pese al incremento constante de las inversiones a lo largo de los últimos treinta años, pese a que casi se ha triplicado el número de profesores y pese a que se han introducido las nuevas tecnologías en las aulas, lo cierto es que España presenta uno de los índices más altos de fracaso escolar entre los países de su entorno; que los informes comparativos, como el PISA, dejan a nuestros alumnos en muy mal lugar en cuanto a comprensión lectora y manejo de las Matemáticas y que, en consecuencia, los jóvenes españoles presentan una insoportable tasa de desempleo del 50 por ciento. La gravedad del problema, que presenta variables de todo tipo, desde la formación del profesorado hasta el calendario lectivo, exigiría un acuerdo de Estado entre todas las fuerzas políticas. Pero no queremos pecar de ingenuos. Si el PSOE, a quien debemos todas las leyes de educación que han estado en vigor desde el franquismo y que nos han llevado a esta situación, no quiere colaborar; si los partidos nacionalistas se empeñan más en el adoctrinamiento particularista que en la búsqueda de la excelencia, toca al Gobierno, sin complejos, abordar la tarea. De todas formas, hay tiempo para negociar y llegar a acuerdos en la larga tramitación del texto. Tiempo para que la sensatez se imponga sobre las pasiones.