Vox no puede frustrar el cambio

Si hay algún consenso amplio en la sociedad española es el de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Como plasmación legislativa está el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto de Unidos Podemos. Si algún tema se ha sustraído de la disputa política ha sido precisamente éste y, por lo tanto, debe estar blindado para no ser utilizado, siempre y cuando, claro está, los acuerdos se apliquen y la dotación de 1.000 millones de euros en cinco años sea efectiva. Así lo dejó claro ayer Pablo Casado, que pidió que ni se utilizara políticamente la violencia contra las mujeres, ni que la izquierda aproveche para dar sus habituales lecciones, cuando fue el PP quien desde el Gobierno promovió dicho pacto. Por lo tanto, ha sido una sorpresa que Vox ponga como condición la derogación de la legislación andaluza en esta materia y la implementación que PP y Cs habían acordado en el futuro gobierno andaluz. Dicho acuerdo tiene 89 puntos, pero el partido de Santiago Abascal ha elegido el que hace referencia a la violencia de género utilizando unos tuits desafortunados para un tema que requiere más sensibilidad, claridad y, si realmente se quiere debatir, rigor. Pero era de esperar que la izquierda populista no dejaría pasar la ocasión para acusar a Vox de «cómplice» de los asesinos de mujeres. Nada más y nada menos. «El PP y Ciudadanos están negociando con los cómplices de estos asesinatos y violaciones», ha afirmado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. El insulto es todavía más inadmisible cuando precisamente esta formación fue la única que no votó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Acierta el líder del PP cuando insiste en que es un tema que debería alejarse de la política, sobre todo cuando ésta es tan denigrante. Poner en duda el acuerdo alcanzado entre PP y Cs para el futuro gobierno de Andalucía utilizando el pacto contra la violencia machista demuestra inexperiencia política y algo de soberbia. Vox está en su derecho de hacer valer sus doce escaños en el Parlamento andaluz e influir en la medida de su representación real, pero no imponer al futuro Gobierno la derogación de una ley clave para luchar contra la violencia de género. Cualquier partido que aspira a ocupar un papel responsable en la vida política no puede olvidar que Andalucía encabeza el número de mujeres asesinadas en 2018 (12 de un total de 44) y, aunque sea por ejemplaridad pública, debería apoyar el pacto contra la violencia machista. Vox incluye en su programa la «derogación de ley de violencia de género», eso es así, pero, siendo realistas, debería aspirar a hacer realidad este punto cuando cuente con los apoyos suficientes, y no es el caso. Ni es el momento. Por responsabilidad. Está claro que ha elegido el punto con el que marcar más perfil ideológico, ir a contracorriente de la política oficial –de nuevo la casta– y del sistema. No debería, además, confundir un tema tan doloroso con diatribas ideológicas sobre «feminazis» y otras corrientes en boga. La tarea de un Gobierno es dar soluciones a problemas concretos de la sociedad, hacerlo con sensibilidad y acierto, y no con confusas propuestas. Lo que estos días está en juego no es cambiar el sistema, sino, muy al contrario, reforzar sus estructuras democráticas y, en el tema que nos ocupa, llevar a cabo el relevo de una administración autonómica que llevaba gobernada 36 años por el mismo partido. Este debate puede prolongarse hasta el próximo día 16, fecha de la investidura, incluso Vox puede impedir que Juan Manuel Moreno sea el nuevo presidente de Andalucía. En su mano está, pero se corre el riesgo de impedir un cambio histórico que en estos momentos es necesario.