El Gobierno mantiene a la Sanidad pública en la UCI

El acelerado envejecimiento de la población, la atávica insuficiencia financiera, un acusado sesgo ideológico gestor y la irresponsabilidad más absoluta de las autoridades han empezado a zarandear tres de los grandes pilares del Estado del Bienestar en España: las pensiones, la Sanidad y la Educación públicas. Pese a tener conocimiento sobrado de la grave crisis que se cierne sobre dichos pilares porque llevan mucho tiempo avisando de ello voces autorizadas, el Gobierno no sólo no ha hecho nada para apuntalarlos durante los últimos cinco años, sino que encima se ha dedicado a echar leña en la pira en la que pueden arder. En lo que respecta a las pensiones, la gestión socialcomunista ha pivotado sobre el principio de amarrar votos a costa de agigantar la deuda, lo que equivale a decir que los incrementos en las nóminas que aprueba ahora deberán ser pagados más tarde por generaciones venideras. ¿Cómo? Dios proveerá. Para la educación, el PSOE y sus socios de ultraizquierda han decidido primar la ideología y la felicidad del alumnado sobre la cultura del esfuerzo, como bien detectó que había empezado a ocurrir ya en la década de los 60 en Estados Unidos y Occidente el economista canadiense John Kenneth Galbraith, quien situó la explosión definitiva de este fenómeno en los años 80 en los principales países avanzados. Los resultados cosechados por España en el último informe Pisa sobre evolución educativa dan cuenta de las consecuencias nefastas de tales políticas. ¿Y con la Sanidad, qué ocurre? En Sanidad se mezclan todos los componentes que avivan la llama y que salieron a la luz con toda su crudeza durante la pandemia de Covid-19. La otrora joya de la Corona de nuestras prestaciones públicas languidece hoy víctima de la falta de recursos –con cifras del PIB dedicadas a ella inferiores al 7% en los Presupuestos Generales del Estado–, una ideologización que impide usar todos los dispositivos que existen para atender en tiempo y forma a los pacientes, y un régimen funcionarial y sindicalizado que penaliza a los profesionales en vez de beneficiarles. Eso y la falta de planificación a medio plazo, agudizada por la inexplicable sucesión de ministros –seis en apenas cinco años– nos han conducido a la situación en la que estamos hoy. Ha bastado un brote más agudo de gripe del habitual, combinado con niveles no demasiado elevados de covid y de otros patógenos, para mostrar cómo revienta el sistema por todas sus costuras. La saturación de la atención primaria y el colapso de las urgencias en gran parte del país, con pacientes hacinados en pasillos pendientes de ingreso, constituyen escenas inadmisibles, como lo son las listas de espera para el acceso a un especialista o a una operación, en niveles récord, o la fuga de médicos y enfermeras debido a los raquíticos salarios que aquí perciben. El resultado es que otros países se benefician del dinero que España invierte en su formación especializada, en un ejemplo más de ineficiencia gestora manifiesta. ¿Qué ha hecho el Gobierno ante tamaña bola de nieve? Absolutamente nada, más allá de improvisar reuniones para descargar su responsabilidad en las autonomías, cacarear a los cuatro vientos una universalidad ficticia porque ésta no existe si el tratamiento se recibe cuando la enfermedad ya no tiene remedio, y atacar a Madrid en lugar de extender su modelo, porque es el que mejores resultados ofrece hasta ahora de toda España. De reformas estructurales y orientar la Sanidad a la cronicidad, nada de nada.