Del Lawfare al Governfare

El término «lawfare» nace de los vocablos ingleses «law» (ley) y «warfare» (guerra), y se refiere al uso estratégico y manipulativo del ordenamiento jurídico con fines políticos o militares. En el caso español, y de la mano del independentismo, el «lawfare» es una alusión directa a los jueces, que conspirativamente actúan para frenar sus expectativas con toda una suerte de tramas, corruptelas, intrigas y complots, judicializando la política. No se anduvo por las ramas Puigdemont cuando lo definió a principios de este mes mediante un tuit de la siguiente guisa: «En febrero de 2020, moderé un evento en el Parlamento Europeo sobre “Lawfare, judicialización de la política”. Para aquellos interesados en saber qué es, se presentaron casos escandalosos que afectaban a líderes políticos sudamericanos, entre otros. El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca impartir justicia, sino lograr, a través de medios inaceptables en democracia, efectos políticos mediante el poder judicial».

Esta acepción, fue avalada por el PSOE por cuanto plasmó su rúbrica junto a Junts, en un acuerdo para allanar la reciente investidura del presidente del Gobierno, Sr. Sánchez: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Raudos y veloces dada la polvareda que suscitó el párrafo de marras –y que aún persiste– el PSOE expresó que el término «lawfare» no se recogería en la Ley de Amnistía. Dicho y hecho. Así ha sido. Aunque la no inclusión del término no va a dejar de sobrevolar la realidad de la pretensión, pues ya se ha registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de creación de una comisión de investigación para, entre otros objetivos, «investigar todas aquellas iniciativas que se hayan podido llevar a cabo desde las instituciones del estado con el objetivo de perseguir la disidencia política». Una solicitud avalada por Junts, y de paso, por el PNV.

¿Si lawfare son jueces haciendo guerra sucia, cómo llamar a cuando los independentistas usan al Gobierno para conseguir sus fines?

Permítanme la licencia de bautizar un término que aún no existe, el término: «Governfare». Es decir, «govern» (gobierno) y nuevamente «warfare» (guerra).

Hay que reconocer maña al independentismo, que ha conseguido por sólo siete votos hacer que los jueces dejen de conspirar según su teoría, el Gobierno les haga una ley de amnistía a la carta con una ventana de más de 11 años de impunidad y todo el catálogo imaginable de delitos del Código Penal, con una celeridad nunca antes vista en nuestro ordenamiento jurídico para una norma de tanta enjundia, y aquellos jueces conspirativos estén a un paso de dejar de ofrecer sentencias bajo el principio de su independencia, para sentarse en el banquillo al objeto de responder por sus actos.

No hay ninguna democracia donde se pueda aplicar el término «governfare». No hay ningún sistema democrático donde los amnistiados hayan escrito el articulado de la ley por la que se amnistían. No hay ningún estado donde el gobierno rechace con una ley de amnistía la actuación de jueces democráticos que se han empleado únicamente en «cumplir» y «procurar hacer cumplir la ley». Todo como decíamos por solo siete votos.

Si por activa y por pasiva, el presidente del Gobierno y todos sus satélites negaron tal posibilidad antes de las elecciones, y ahora estamos en una Ley de Amnistía que quiere empezar a andar, habrá de reconocerse que la amplísima exposición de motivos con la que se pretende dar carta de naturaleza a la misma es un fraude. No es necesidad de concordia, no es necesidad de mirar al futuro, no es necesidad de resolver un conflicto. Es, pura y llanamente un fraude derivado de una necesidad, sí, pero puramente aritmética.

¿Qué concordia hay cuando salen cientos de miles de españoles a la calle a manifestarse?, ¿qué concordia cuando también en el País Vasco hemos visto manifestaciones estos días bajo el qué hay de lo mío?

Para los que somos juristas, que tengamos que estar devanándonos los sesos en este articulado es una ofensa, y además una pérdida de tiempo, por cuanto esta norma es un burdo constructo para colmar las aspiraciones de una sola persona. Si el Tribunal Constitucional fuera lo que hasta ahora ha sido, su pronunciamiento debería ser claro y tajante: es inconstitucional. Pero me temo que puede estar ya escrito el dictamen.

José Antonio Monago Terraza.Portavoz Adjunto Grupo Parlamentario Popular en el Senado y abogado.