La «quita deudas» y solidaria Montero 

La última concesión del sanchismo al independentismo catalán, en este caso no ha sido a Junts, cuyo ridículo con el «último ultimátum» de Puigdemont le ha permitido a Sánchez considerar que sus amenazas tienen el mismo valor que su palabra. La cual, sometida a frecuentes cambios de opinión, le permitiría a Yolanda que le definiera como una persona de palabra «firme, pero discontinua». Pues así, de manera análoga, el residente en Waterloo es calificable como de «ultimátum discontinuos». Y esta discontinuidad de Junts la ha aprovechado Junqueras para meter baza y exigirle a Sánchez el cumplimiento de una concesión debida para investir a Illa como president. Es la conocida como «quita de la deuda catalana» que es muy elevada porque el gasto para financiar el procés independentista requiere de cuantiosos recursos. Lo que, unido a la merma de ingresos fiscales por la huida de Cataluña de la sede social de miles de empresas buscando seguridad jurídica en otros rincones de España, coloca a la Generalitat en una situación financiera de «pronóstico reservado». Así que para intentar disimular y que esta última concesión no parezca lo que es, la pluriempleada María Jesús Montero (no confundir con Irene), que es también la candidata sanchista para disputar a Juanma Moreno la Junta de Andalucía, se ha inventado una «quita general» de deuda autonómica. Que significa que el endeudamiento territorial pase a ser nacional, es decir que la liberalidad del gasto de un barón autonómico lo paguen todos los españoles y no solo los votantes de su comunidad. Es una nueva aplicación de la solidaridad interterritorial, y muy curiosa porque los más austeros y rigurosos en el control del déficit presupuestario financian a los más dilapidadores. El PNV no se siente concernido porque su cupo le garantiza no tener que preocuparse por ello, ya que la cuantía de su solidaridad está establecida y basada en la singularidad de su «progresista» régimen económico y fiscal del siglo XIX. Lo que asimismo es extrapolable a su otro socio Bildu, también vasco y tan progresista como el PNV. La vicepresidenta 1ª y pluriempleada Montero ahora tiene ante sí el apasionante reto de convencer a sus paisanos andaluces de que sus cuatro socios catalanes y vascos sucesores de ETA, nacionalistas y separatistas, indultados y amnistiados, son profundamente solidarios y que el pacto con ellos es una garantía firme y sólida del correcto funcionamiento de un Estado democrático, de derecho, social y solidario. El abandono del Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de los restantes presidentes autonómicos es un gesto de dignidad para no ser cómplices de tal «monterada» sanchista.