El riesgo de radicalización del sanchismo

La legislatura comienza con mal pie y con un horizonte tenebroso. Sánchez ha conseguido su objetivo, pero el precio que pagaremos será muy elevado. Lo sucedido con su reciente viaje a Israel se ha transformado en un auténtico esperpento que ha culminado con el agradecimiento del grupo terrorista Hamás por su «postura clara y audaz» sobre la guerra en Gaza. Es como si Otegi me felicitara por un artículo. En este momento saltarían todas las alarmas y llegaría a la conclusión de que me he equivocado. No un poco, sino mucho. El presidente del gobierno se debería sentir muy incómodo por el reconocimiento recibido de manos de un grupo de criminales despiadados que ha asesinado de forma brutal a niños y adultos. Israel es una democracia impecable que tiene que luchar por la supervivencia desde su nacimiento. Los que nunca han querido la paz son los corruptos líderes palestinos y sus aliados en la región que tienen el objetivo de destruir al Estado de Israel y expulsar al pueblo judío de la tierra de sus antepasados.

No es sorprendente que Hamás haya utilizado la oportunidad para dar a conocer un comunicado que aprovecha los errores de Sánchez, los exagera y los manipula al servicio de su causa criminal. La responsabilidad por «el elevado número de víctimas civiles» en la Franja de Gaza no es del ejército israelí, sino de Hamás y sus aliados que utilizan a su pueblo como rehenes y escudos humanos. Por supuesto, estamos ante otra guerra donde la propaganda es un arma muy poderosa, porque la izquierda política y mediática europea defiende la causa palestina. Hay un profundo antisemitismo que, desgraciadamente, no se ha podido erradicar. La duración de la operación contra la base terrorista en Gaza muestra que el gobierno israelí quiere minimizar las víctimas inocentes. Tras los brutales atentados del 11-S, Estados Unidos lideró una coalición internacional que ocupó Afganistán y dio lugar a una larga guerra que se saldó con una derrota y una salida vergonzosa que dejó al pueblo afgano y especialmente a las mujeres en manos de sus verdugos talibanes. A nadie le interesa lo que sucede en ese país gobernado por una brutal dictadura islamista.

Sánchez no debería abrazar la agenda radical y frentista que nació con los Pactos del Tinell. Esta estrategia se ha consagrado con su elección como presidente, porque genera un muro que divide a dos bloques irreconciliables. No será posible un debate sano y respetuoso desde la discrepancia poniendo en la ecuación los cordones sanitarios, las cesiones a los enemigos de España y la invención de la soberanía popular para dinamitar el sistema de división de poderes consagrado en la Constitución. La democracia nunca ha sido la sistemática imposición de la mayoría sobre la minoría, como sucede en los populismos de izquierda que han gobernado o gobiernan en las naciones hermanas de Iberoamérica. No lo es la conversión de la presidencia del Congreso en un «ministerio» que actúa como una marioneta orillando los derechos de la oposición. No lo es, tampoco, abusando de los decretos ley para impedir el debate parlamentario o colonizando la Administración y los organismos constitucionales a un nivel jamás conocido.

Es cierto que los pumpidazos permitirán que el cuerpo ideológico y doctrinal del sanchismo sea constitucionalizado. A estas alturas existe el riesgo objetivo de introducir una mutación constitucional sorteando los mecanismos previstos para su reforma. Es una inquietante anomalía. Estamos ante una consecuencia directa de imponer juristas al servicio del partido en el Tribunal Constitucional. En una democracia lo más importante es el diálogo y la búsqueda de consensos. Es cierto que resulta más cómodo el autoritarismo democrático, porque comporta un automatismo al servicio del Poder Ejecutivo. Sánchez tiene una gran oportunidad esta legislatura para acabar con las malas prácticas de años anteriores. Es cierto que la chapucera proposición de ley de amnistía es un mal precedente, porque su fundamentación se ha construido a partir de mentiras y pretendiendo convertir en constitucional aquello que no lo es. Ni siquiera el pumpidazo conseguirá que se olvide el origen fraudulento de la ley. No dejará de ser una medida arbitraria que atenta contra la igualdad de los españoles, otorga privilegios de casta a los políticos en función de si sus votos son necesarios y atenta contra el Poder Judicial.

A pesar de ello, los próximos meses demostrarán si Sánchez quiere un debate sano y respetuoso o prefiere dejarse llevar por sus socios de coalición y el odio de sus aliados como los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA encabezados por Otegi, Ternera y Txeroki. Con el lío que existe en Sumar con la guerra contra Podemos tendrá que hacer cesiones a Iglesias y sus acólitas. Las europeas serán el primer problema, salvo que se adelanten las vascas, y luego las catalanas. El escenario será favorable para el PP, porque podrá ejercer una oposición dura y contundente contra Sánchez y sus aliados. Vox le ha sido muy útil, pero las cesiones a los independentistas irritan a una gran parte de la sociedad. Ni en Cataluña ni en el País Vasco puede esperar la ayuda del PP que debe tener siempre presente que no puede ser el tonto útil como sucedió cuando hizo lendakari a Patxi López. Lo mismo sucede con el CGPJ, porque no se puede repetir el pumpidazo y permitir el asalto de la izquierda al Supremo. A esto hay que añadir las peligrosas comisiones contra el Poder Judicial que quieren organizar en el Congreso. Esperemos que el PP responda con contundencia en el Senado con comisiones al servicio de la democracia y la Constitución.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)