Acuerdo de pesca UE-Marruecos

El territorio hoy día denominado Sahara Occidental fue ocupado por España a partir de 1934, aunque los primeros colonizadores llegaron en 1929. No obstante, sus vínculos con Marruecos han sido secularmente muy importantes y de tiempo inmemorial. La colonización española se hizo sin grandes problemas, al contar siempre con cooperación francesa, que tenía en la zona una amplia experiencia colonizadora. Cuando España estaba negociando con las Naciones Unidas la descolonización, surge el 19 de mayo de 1973 el Frente Polisario que cuenta con apoyos exteriores, sobre todo de Argelia. A partir de ese momento, el Sahara Occidental, como así se le denomina, iba a adquirir una nueva dimensión, con un Frente Polisario que dice representar al pueblo saharaui, y Marruecos, que considera que este territorio es parte integrante del Reino. Así las cosas, España empieza a negociar con las Naciones Unidas el abandono del territorio con la fecha del 26 de febrero de 1976 como el día en que debían salir las últimas tropas. Con el acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania, más conocido como el/los Acuerdos de Madrid, por el que España traspasa este territorio a los dos Estados africanos, quedándose así el Frente Polisario fuera de juego, empieza una nueva etapa que no iba a estar exenta de dificultades, incluso a nivel militar durante la cual Marruecos iba a llevar a cabo un amplio despliegue económico con el fin de desarrollar la zona e integrarla en la soberanía marroquí. Tras la recuperación del Sahara Occidental por Marruecos, su desarrollo ha sido considerable, a pesar del conflicto que ha mantenido con el Frente Polisario. El Reino de Marruecos ha intentado explotar los recursos naturales de la zona, no solamente los conocidos fosfatos que ya hacía España, sino también las amplias riquezas que ofrecen sus aguas, que, al hilo de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 (Convenio de Montego Bay), le otorga jurisdicción para explotar los recursos pesqueros hasta las 200 millas marinas. Desde entonces Marruecos se preocupó en gestionar el regalo que le vino de este Convenio, pues antes los Estados ribereños solo podían explotar estos recursos hasta las 12 millas. Es en este marco en el que hay que situar el Acuerdo de Pesca de 2006, cuya renovación está suscitando actualmente serios problemas con la Unión Europea, a la luz de las conclusiones que ha adoptado el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, Melchior Wathelet, conclusiones que no compartimos, pero que hay que respetar. Wathelet señala en torno al Acuerdo de Pesca UE- Marruecos que, como se aplica al Sahara Occidental y a sus aguas adyacentes, viola la obligación de la Unión de respetar el derecho del pueblo a la autodeterminación, así como la obligación de no reconocer una situación ilegal procedente de una violación de este derecho. Y añade, además, que se viola el principio de la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales. Sin embargo, lo que está claro es que no aborda el tema con las dosis de imparcialidad que su cargo requiere, lo que le lleva a caer en contradicciones importantes como no abordar, por ejemplo, el concepto de «pueblo» en Derecho internacional de forma precisa, ya que si no hay «pueblo», no hay derecho de autodeterminación. Algo similar ocurre con el principio de la soberanía sobre los recursos naturales, que lo sitúa como si fuera una creación novedosa del periodo descolonizador, cuando en realidad es una reformulación teleológica de lo que se ha considerado siempre en el marco de una soberanía territorial tradicional para y por los Estados con el fin de controlar las actividades económicas de éstos. Pero lo que más sorprende de esas opiniones es que no comprenda que el caso del Sahara Occidental está en manos de las Naciones Unidas, que es la competente en la materia. Es por eso que cualquier arreglo jurídico o político tiene que proceder de esta organización. Pretender ahora que sea la Unión Europea la que diga qué es lo que hay que hacer con y en este territorio con sus recursos naturales es poner el carro delante de los bueyes, al ignorar las competencias que sobre estos casos tienen las Naciones Unidas. Desde esta perspectiva, pretender que una organización de voluntariado como la «Western Sahara Campaign» pueda inmiscuirse indirectamente en un asunto que está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU es un exabrupto que el Abogado general avala al invocar erróneamente disposiciones de los tratados de la Unión Europea.