El Rey emérito

Con ocasión de la celebración del cuadragésimo aniversario de las Constituyentes, los medios han destacado la figura del Rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón. Un rey siempre concita la atención de los ciudadanos por su condición de símbolo de la nación y de su permanencia. Más aún en una monarquía tan antigua Acomo la nuestra.

Una monarquía que ha asimilado los méritos históricos de la democracia, dotando a dicha forma de gobierno de una gran estabilidad en su cúpula. Una monarquía que ha sabido aportar al orden constitucional una mayor seguridad. Que ha permitido consolidar unas relaciones internacionales singulares gracias a un prestigio secular. Una monarquía preparada para erigirse en referente de la comunidad iberoamericana, singularmente valiosa, cada vez más decisiva en todos los ámbitos.

Don Juan Carlos continúa ostentando el tratamiento honorífico de Rey de España, situación plenamente concorde con el Derecho Internacional, desde la entrada en vigor, en abril de 1814, del Tratado de Fontainebleau, cuyo segundo artículo regula la conservación del título imperial por Napoleón, luego de su abdicación. La doctrina considera vigente dicho Tratado al erigirse sus previsiones en auténticas normas consuetudinarias.

Nuestro Rey emérito ha estado presente en momentos importantes, de los cuales no podemos desligar su figura. La convocatoria de elecciones constituyentes fue realizada por el entonces Rey. Su discurso de inauguración de la legislatura constituyente puede considerarse muy relevante y su papel en la defensa del Estado de Derecho en momentos especialmente delicados es difícilmente refutable.

Su abdicación abrió paso al protagonismo de una nueva generación sin conflictos ni estridencias. En su mensaje navideño de 2009, Don Juan Carlos afirmó que los españoles hemos sido capaces de resolver grandes problemas y que todos somos necesarios. Sostuvo que debemos trabajar con generosidad en la unidad, el diálogo y el compromiso en el marco de la Constitución. Este mensaje cobra actualidad, en momentos en que tantos desafíos amenazan la unidad de España, y el necesario diálogo para superar desencuentros.

Don Felipe asumió, hace ya tres años, las altas funciones de su padre, potenciando nuestra presencia internacional a un nivel diplomático de especial significado. La reciente visita al Reino Unido ha permitido visualizar el privilegio de encontrarnos representados en círculos tan protocolarios por un Jefe de Estado cercano a tales tradiciones. La monarquía nos acerca a países de nuestro entorno, que han optado por la misma forma de gobierno, sin distanciarnos por ello de las repúblicas europeas.

Según el Telegraph del 27-7-13, sólo el 17 por ciento de los británicos desea que la monarquía sea abolida y dos tercios son decididos partidarios de su permanencia. Dutch News afirma el 22-7-17 que el 65 por ciento de los holandeses apoya la forma monárquica. Alcanzando en Suecia el 70 por ciento, llegando en Dinamarca al 77 por ciento, y en Noruega batiendo el récord del 80 por ciento. La opinión pública de dichos países afianza, de modo indudable, la continuidad de la monarquía parlamentaria.

La figura del Rey representa la nación con tal intensidad, que es comprensible que algunos lo conviertan en destinatario de su desapego. En algunos casos, dicha falta de afecto ha llegado incluso a proponer que se considere «persona non grata» al actual Rey. Dicha declaración tiene significado en el ámbito de la inmunidad diplomática, y en la remoción del puesto ocupado por un agente de otro Estado. Todo ello deriva de la vigencia del principio de representación, regulado por el Convenio de Viena de 18 de abril de 1961.

La libertad de expresión es sagrada. Todas las personas pueden hacer públicas sus opiniones, aunque las mismas puedan resultar inconvenientes, inadecuadas, hasta censurables para otras personas. Ésa es la grandeza de la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa. Ahora bien, no es menos cierto que, según el Tribunal Supremo, la calificación de «persona non grata» puede tener un significado estigmatizante (STS 17-5-98). Al proclamarse «persona non grata» a un Jefe de Estado democrático, se compromete la consideración que merece la nación que representa.

En mis viajes a Iberoamérica, algunos me interpelan sobre el hecho de que, en pleno siglo XXI, se mantenga en España la forma monárquica. En ocasiones, esta actitud deriva de ideas de la época colonial y de la justificación histórica de la guerra de América, que asumió la independencia como un combate de liberación. Con todo, la renovada actitud de nuestros reyes, proclive a consolidar una democracia cada vez más plena, en que la Corona asume un papel relevante, pero esencialmente simbólico, consolidará sin duda nuestro modelo, propio de países soberanos, responsables de sus tradiciones.