España en la defensa europea

El pasado noviembre, 23 países de la Unión Europea, con España entre ellos, firmaron el establecimiento de un esquema de cooperación en materia de defensa y seguridad. Un acuerdo conocido, según sus siglas en inglés, como PESCO (Permanent Structured Cooperation). Fuera quedaron (aparte de Gran Bretaña) Irlanda, Malta, Dinamarca y Portugal. En lo esencial, PESCO abre un nuevo espacio en defensa y seguridad para los Estados miembros de la Unión, dirigido a crear capacidades conjuntas con proyectos compartidos, mejorando la preparación operativa, y tomando en manos europeas esta estrategia de una forma integrada. Aspectos no fáciles de lograr en tanto que los problemas se ven de forma muy distinta entre los países del este europeo y los que estamos más al oeste, e incluso los del centro. Aún así, se ha decidido establecer un fondo europeo de 5.500 millones de euros anuales. En total, si se consigue el compromiso de invertir el dos por ciento del PIB en defensa, según la recomendación de la OTAN, Europa con Noruega, miembro de la Alianza Atlántica, contaría, en 2024, con unos 100.000 millones de euros anuales adicionales; de los que, 20.000 millones serían para tecnología y equipamiento militar.

PESCO es la reacción lógica a la posición estadounidense, liderada por Donald Trump, que considera obsoleto el artículo 5 de la OTAN, según el cual: «Un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra el resto». Un elemento esencial desde que se fundó la OTAN en 1949 como contrapeso a la amenaza de la Unión Soviética. La reacción europea se hace ahora urgente, además, a la vista del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Un país que invierte más de 50.000 millones de dólares en defensa, cuyas capacidades militares representan el 20 por ciento del total europeo. Brexit que tiene otros efectos, quizás menos visibles, pero no por eso menos importantes: el Reino Unido es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU; es un país clave en la Agencia Europea de Defensa –dirigida hoy por el diplomático español Jorge Domecq–, y aunque no tiene presencia real en ella, mantiene bajo su responsabilidad el cuartel general de la misión Atalanta, operación europea de lucha contra la piratería en aguas de Somalia. Algo que deberá cambiar.

En Europa, sólo Francia tiene una potencia militar comparable a la británica. En el ranking de capacidad militar elaborado por Global Firepower en 2017, Francia ocupa el quinto lugar detrás de Estados Unidos, Rusia, China e India. El Reino Unido se sitúa en sexto lugar. Alemania en el noveno. Italia es el undécimo. Y España ocupa la vigésimo séptima posición. Quizás por eso, al igual que con la lucha contra el cambio climático, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha apostado por impulsar el liderazgo europeo en materia de defensa; buscando que Europa actúe de forma autónoma en defensa de su espacio común, complementando las operaciones de la OTAN. De ahí que considere clave llevar a cabo misiones fuera de nuestras fronteras. Véase, por ejemplo, la misión en Mali, hoy bajo dirección española, algo muy agradecido públicamente por el Gobierno francés.

En su estrategia, Macron, pretende tres objetivos: establecer una fuerza europea de intervención, potenciar un importante presupuesto europeo en defensa y seguridad, y desarrollar una doctrina común de intervención militar. Una estrategia dirigida también a reforzar el eje político franco-alemán, en el que Francia, en una situación post-Brexit, busca liderar los aspectos de defensa, mientras que Alemania continuaría siendo el líder capital en los asuntos económicos. Un eje destinado también a impulsar el papel de la Unión Europea en el contexto global. De ahí que el Gobierno Macron trabaje por reforzar con Alemania el Tratado del Elíseo una vez que el Gobierno germano esté constituido.

España es una potencia de tamaño medio, que ha perdido no poca influencia global en los últimos años. Su industria de defensa ha sufrido igualmente los embates de la crisis económica, a lo que se ha unido la falta del necesario impulso político por aumentar nuestras capacidades en defensa con inversiones acordes al papel internacional que deberíamos tener. Surge ahora la oportunidad de cambiar y apostar por ser un país clave en la estrategia europea de defensa, donde aparece como aliado más próximo Francia; país que no ha dudado en manifestarse públicamente defendiendo la Constitución española y nuestra integridad territorial. Francia necesita una España fuerte a su lado en esta nueva situación. La industria española, y España en su conjunto, se beneficiarían claramente si el Gobierno español apostara por favorecer un eje hispano-francés en la defensa y seguridad europeas, manteniendo nuestro papel en la OTAN. Esto ampliaría de manera sustancial las oportunidades de negocio de las empresas españolas, sería clave contra los movimientos secesionistas en nuestro país, y elevaría el papel de España en la escena internacional. Se abre una nueva oportunidad por la que habría que apostar. De perderse, como viene demostrando la historia, algún que otro país europeo, aprovechará el hueco en su beneficio.