Fiscalidad navarra: Solidaria y española

En momentos como el presente, en el que se acaba de aprobar el nuevo Cupo vasco, surgen políticos y tertulianos que tildan al Concierto Vasco de «injusto», de «insolidario» con las demás comunidades y de «agravio» entre españoles. Y ya, de paso, aprovechan para meter en el mismo saco al régimen fiscal de Navarra y para presentarnos a los navarros como unos privilegiados.

Para ver la falsedad de tales acusaciones hay que ir al origen y a la razón de ser del régimen fiscal navarro y, para ello, es preciso remontarse hasta la Edad Media pues, desde entonces, todos los territorios que se fueron incorporando a la Corona de Castilla se asimilaron a esta, perdieron sus instituciones propias y les fueron implantadas las castellanas. La excepción a esa regla fue Navarra que en 1515 se incorporó, de igual a igual, como un reino «aeque et principalite», y durante más de tres siglos siguió conservando sus instituciones, competencias y ordenamiento jurídico propio; es decir, siguió siendo un reino real y efectivo, con rey propio, aunque no exclusivo porque este lo era también de Castilla. Después, en el siglo XIX, cuando España se divide en provincias, Navarra volvió a pactar las condiciones para su integración en el nuevo Estado unitario español y aunque perdió su condición de reino y desaparecieron sus instituciones privativas: las Cortes, el Virrey, la Diputación del Reino, el Consejo Real, la Cámara de Comptos y los Tribunales de Justicia propios, por la Ley Paccionada –por el pacto entre Navarra y el Estado– de 1841, no se convirtió en una provincia más de España, sino en una provincia foral, con una amplia autonomía administrativa y con un régimen fiscal propio, que pasó a ser gestionado por su Diputación Foral. Y, en 1978, cuando se aprueba la vigente Constitución, esos derechos, originarios e históricos, fueron reconocidos y amparados en su Disposición Adicional Primera. Por eso, de nuevo, y también por la vía del pacto con el Estado, se aprobó su Ley de Amejoramiento, en la que se consagra que no es una comunidad autónoma más, sino una Comunidad Foral y que son esos derechos originarios e históricos los que le conceden la potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, distinto del estatal.

Para armonizar ambos sistemas fiscales y para determinar de quién es la competencia para exencionar un impuesto, si es de la Hacienda de Navarra o de la del Estado, la Ley Paccionada estableció un instrumento: el Convenio Económico, que es el que evita la doble imposición. Por lo que el Convenio Económico, cuya última modificación fue aprobada por las Cortes Generales en junio 2015, es una institución histórica, es un pacto político de Navarra con España, supone la expresión de solidaridad entre ambas, es la norma con rango formal de ley que articula ambos poderes y fija sus límites recíprocos, es donde se determinan las aportaciones de Navarra a las cargas generales del Estado, es donde se señala la cuantía de estas y es donde se fijan los criterios de armonización de ambos regímenes tributarios.

Por tanto, el régimen fiscal de Navarra ni es una reliquia del pasado, ni es un agravio entre españoles, porque Navarra no es un paraíso fiscal ya que su presión fiscal es equivalente en su conjunto a la del resto de España y, además, gracias a esa autonomía y al cuatripartito que hoy gobierna en la Comunidad Foral, a partir del año próximo vamos a tener los tipos máximos más alto de toda España en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades. Y, además, Navarra participa en las cargas generales del Estado por todas las competencias que no tiene asumidas con una cantidad de dinero –la «Aportación»–, que se fija no por su población, que es el 1,37% de la española, sino por su riqueza respecto al conjunto de España –que es el 1,6%–, y esa diferencia ha supuesto que en el último quinquenio haya pagado 400 millones de más. Por tanto, el Convenio Económico es un instrumento de solidaridad con el resto de España.

Sería bueno que todos esos que hablan de los «privilegios» de los navarros tuvieran en cuenta dos cosas. 1ª.- En los 175 años de vigencia del actual sistema, Navarra jamás ha utilizado su régimen fiscal para poner en entredicho, para quebrar, erosionar o debilitar la soberanía nacional, que es lo que pretenden aquellos que desde otras comunidades hoy aspiran a tener un régimen como el nuestro. Y, 2ª.- Navarra siempre ha cumplido lo que ha pactado con el Estado y lo ha hecho tanto cuando le beneficiaba como cuando le perjudicaba. Así, el Convenio de 1969 se aprobó por el Decreto-Ley 16, de 24 de julio y en él, a la hora de establecer la «Aportación» se incluyeron los ingresos que Navarra iba a percibir por las exportaciones de MATESA. El escándalo de esa empresa, con sede en Navarra, estalló pocos días después, esos ingresos se esfumaron y Navarra no pidió una revisión de la Aportación y pagó religiosamente lo convenido.

En definitiva, sería bueno que tuvieran en cuenta que el régimen fiscal de Navarra es una singularidad, pero ni es un privilegio ni es una reliquia sino que es algo que está actualizado, que funciona y que es justo, y es algo que está en el origen de la nación española, de su historia y, también, y por qué no, de su futuro.