Lo seguro, la ley

Asisto a una conversación entre dos compañeros míos. Recuerdan tiempos en que aceptaron cargos políticos, de confianza, en los que podían aportar su formación jurídica y experiencia profesional. Narraban sus desencuentros con ciertos políticos, incapaces de entender que hay límites y reglas jurídicas; les molestaban sus pegas. Acabaron dejando esos puestos. Se negaron a secundar ciertas iniciativas y sus objeciones jurídicas recibían como respuesta el desdén; se les veía como un estorbo incapaz de entender la lógica de la acción política. Volvieron a la judicatura y tiempo después bastantes de esos desdeñosos desfilan por los juzgados.

Los periódicos dan cuenta de la decisión del Tribunal Supremo de denegar los recursos de los afectados por la talidomida. Según la prensa, el rechazo se basa en una razón estrictamente jurídica: por el tiempo transcurrido ha prescrito la acción para reclamar esa responsabilidad. Ya conoceremos las razones con más detalle, pero me quedo con un titular que tilda de «inhumana» la decisión judicial. En los manuales de Derecho es punto obligado estudiar el efecto del tiempo y su transcurso en el nacimiento y extinción de los derechos. Quizás nadie les dijo a esos afectados que se estaban embarcando en un viaje sin destino; pero más grave es que un cargo público –el presidente de Cantabria– despliegue en una cadena de televisión toda su ignorancia atacando por esa decisión a la Justicia.

Me piden y escribo en estas páginas un breve análisis sobre si en una Cataluña independizada los catalanes perderían la nacionalidad española; un debate en el que manda el apasionamiento propio de las campañas electorales. Unos presentan un panorama infernal y otros optan por el «aquí no pasa nada». Doy mi parecer, que no es otro que el que se deduce de la Constitución y el Código Civil: ambos impiden que un español de origen sea despojado de su nacionalidad española; se pierde voluntariamente y adquiriendo otra nacionalidad si es que se reúnen ciertas condiciones. Demasiados matices para un debate electoral, pero ¿quién tuvo la ocurrencia de hacer electoralismo con un tema jurídicamente sin salida? Políticamente tendría pegada, pero al final acaba beneficiando a quien no debería beneficiar. Un aspecto más de un debate –el catalán– indigerible para quienes estimen el orden jurídico.

Otra noticia más: el escándalo de la Volkswagen. El fabricante ha asumido la responsabilidad del engaño y queda saber su alcance. Lo grave a estas alturas no es cuánto han contaminado de más sus coches, sino las consecuencias de zafarse de las normas: se desprestigia la marca y en su descrédito arrastra al país; peligran puestos de trabajo y los ahorros de los accionistas. Han engañado a los compradores de esos coches del mismo modo que antes otros lo hicieron con los consumidores de ciertos productos financieros. Al final las ilegalidades se descubren.

Y la crisis de los refugiados sirios no amaina, lo que pone a prueba la capacidad de reacción y gestión de la Unión Europea. Han aflorado sentimientos encontrados, unos –los más– de humanidad, otros aprovechan para repartir condenas de xenofobia. El problema no es pequeño y lo mejor es encararlo con la ley por delante. A los que alegan que se discrimina a los españoles les debería tranquilizar que nuestro reglamento de asilo prevé qué hacer con los desplazados por este tipo de conflictos: pueden ser acogidos «hasta tanto se resuelva el conflicto, o existan condiciones favorables al retorno, o voluntariamente decidan trasladarse a un tercer país»; también regula su estatuto mientras que estén acogidos.

Son ejemplos de estos últimos días, dispares ciertamente, pero con un punto en común: en la acción política, en las decisiones personales o empresariales o antes de protestar, lo seguro es conocer el Derecho, respetarlo, no relativizarlo o minusvalorarlo ni verlo como un obstáculo. Será una perogrullada, pero es lo que al final garantiza no sólo libertad, sino calidad de vida y, sobre todo, el acierto al decidir. No defiendo un gobierno ni de leyes ni de jueces, sí actuar desde y con la ley. Respetarla no ahoga la iniciativa, la libertad de opción, el juicio de oportunidad, pero da la clave de qué se puede hacer y qué no, es decir, de lo lícito. Los atajos suelen acabar mal.