Pregunta, respuesta y recuerdo

Perú. Ante los desastres patrios, Vargas Llosa comenzaba «Conversaciones en la Catedral» preguntándose: «¿En qué momento se había jodido el Perú?». Aprovecho esa pregunta tan directa y contundente y la aplico, verbo incluido, a la España contemporánea: ¿en qué momento se jodió la relación con Cataluña? Y la respuesta me la da Puigdemont. Desde su retiro bruselense nos responde que fue cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el vigente estatuto catalán. Una respuesta que trae algunos recuerdos.

Habrá que recordar que ese estatuto fue obra del tripartito apadrinado por Zapatero antes de ser presidente del gobierno y presidido por el socialista Maragall. Fueron años en los que, como después se supo, Zapatero al tiempo que alentaba un pacto antiterrorista mantenía contactos con ETA y fueron años en los que entró en escena aquel «plan Ibarreche», un texto que, jurídicamente, era aberrante. Las Cortes lo rechazaron gobernando ya Zapatero, pero su mensaje al nacionalismo vasco –de todo signo e intensidad– fue de tranquilidad: la solución al problema territorial vendría de Cataluña.

Y, en efecto, su solución fue el estatuto catalán. Partía de un sistema federal en el que Cataluña, convertida en sujeto constituyente, decidía cómo vincularse a España y regulaba lo que quedaría allí de un Estado residual. Con ropajes estatutarios alumbró un texto constituyente que reformaba la Constitución, proclamaba nuevos derechos y libertades, diseñaba su Hacienda y otras «estructuras de estado», en especial su propia Justicia, objeto de permanente deseo nacionalista y el tiempo ha demostrado la razón de ese deseo.

Zapatero prometió a los nacionalistas que asumiría lo que viniese de Cataluña y los problemas empezaron cuando a aquel estatuto le llovieron recursos: del Partido Popular, cierto, pero también del Defensor del Pueblo y de algunas autonomías que vieron cómo Cataluña se apropiaba de ríos, aunque discurriesen por otras regiones. En definitiva, España quedaba supeditada a los intereses catalanes.

Aunque todo estatuto de autonomía es una norma estatal –lo aprueba las Cortes–y es fruto de un proceso de diálogo entre las Cortes y el parlamento autonómico que lo promueve como proyecto, no por tanto rango y especialidad legislativa goza de una suerte de constitucionalidad intrínseca, casi inmanente. Es una ley, muy relevante, cierto, pero una ley y como tal sometida a la Constitución aunque algunos ahora lo cuestionen esa sujeción como parte de la «solución».

Pero la política es muy especial y como ninguna región quería quedarse atrás en su nivel de autonomía, algunas –Andalucía, Valencia o Baleares– reformaron sus Estatutos para mimetizarse o parecerse al catalán. En medio de tanto despropósito se pronunció el Tribunal Constitucional: declaró la inconstitucionalidad de lo que habría sido un Poder Judicial catalán y el resto de los motivos quedaron a la suerte de unas sentencias interpretativas –tal precepto no es contrario a la Constitución si se interpreta según la doctrina constitucional– pero que, aún así, fueron un duro correctivo que cuestionaba el diseño estatutario.

Maragall acabó admitiendo que debería haberse reformando la Constitución. Esa era la clave. Lo que no es aceptable es que se sostuviese o que había que mirar para otro lado, aceptar que una región fijase el orden constitucional de España, o bien, impugnado el estatuto que se exigiese al Constitucional una «relectura» de la Constitución para que dijese lo que políticamente convenía. Fueron tiempos enloquecidos en los que socialistas y nacionalistas amenazaban al Tribunal Constitucional, hasta coincidían con la lógica y retórica de ETA que, yendo a lo suyo, por aquellos días publicaba un comunicado emplazando al gobierno a dar «los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco». Para todos, la Constitución era un estorbo.

Vuelvo a la pregunta con verbo vargasllosiano. La relación de Cataluña con el resto de España no la «jodió» el Tribunal Constitucional: la «jodieron» entre aquellos irresponsables y desleales que actuaron pese a las serias advertencias sobre la inconstitucionalidad de sus propósitos y promesas. Si ahora se entiende que aquel estatuto es lo que necesita España, que se de la cara y se plantee a las claras semejante reforma constitucional, a ver qué piensan el resto de los españoles.