Sin rastro de 454 millones de mascarillas prometidas por Sanidad

El Ministerio de Sanidad suele informar regularmente del reparto de material para combatir el coronavirus entre los diferentes territorios. El 26 de marzo, lanzó un comunicado público en el que aseguraba que «desde el inicio de la emergencia sanitaria, antes del estado de alarma y tras el mismo, ha reforzado diariamente, como es su misión, la distribución de mascarillas a las comunidades autónomas». En dicha nota afirmaba que desde el 10 de marzo se habían distribuido en total 6.748.268 mascarillas.

El comunicado recordaba además que a ello había de sumarse «el importante anuncio realizado ayer –en referencia al 25 de marzo– por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, del contrato de compra de material sanitario a China por valor de 432 millones de euros, que hoy asciende a 509 millones de euros, cantidad que varía porque diariamente se siguen realizando nuevas compras». En la nota Sanidad precisaba que «este nuevo contrato supone la adquisición y distribución a lo largo de las próximas ocho semanas de un total de 550 millones de mascarillas».

La conclusión de la información lanzada aquel día es que el Ministerio ya había repartido hasta esa fecha 6,7 millones de protectores buconasales y recibiría además otros 550 millones para su distribución en un plazo de dos meses.

Dicho plazo ya ha llegado y hoy mismo se cumplen las ocho semanas de las que hablaba el Ministerio. ¿Cuántas de esas mascarillas prometidas por Illa se han repartido finalmente entre las autonomías? Apenas 100,8 millones, según los últimos datos que hizo públicos este departamento a través también de un comunicado este martes, 19 de mayo.

En él, Sanidad asegura que entre el pasado 10 de marzo y el lunes 18 de mayo ha repartido entre las comunidades autónomas y otros organismos 100.802.812 mascarillas. ¿Dónde están, pues, los 454.197.188 protectores buconasales restantes?

La necesidad de mascarillas ha sido alarmante durante los peores momentos de la pandemia ante la falta de medios de protección de todo tipo. Ahora, con la entrada en vigor desde ayer de la obligatoriedad del uso de protectores buconasales vuelve a serlo entre la población general, los centros sanitarios y todos los ámbitos de la administración.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció precisamente ayer que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la dotación «insuficiente» de este material en las cárceles españolas. Según la organización que preside Miguel Borra, en las prisiones se entrega a los trabajadores una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las 40 horas de servicio. «CSIF entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de proteger la salud de la plantilla y estudia acciones jurídicas a título individual para que puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud».

El 25 de marzo, el ministro de Sanidad anunció también, dentro de esa megacompra de material a China, la adquisición de 5,5 millones de test rápidos y de 11 millones de guantes, y su distribución, igualmente escalonada, durante ocho semanas. En la información difundida por su departamento el pasado martes, el Ministerio apuntaba en cambio que se han distribuido 4.700.400 test rápidos. Son 800.000 menos de los anunciados.

Se trata, además, de un medio desaconsejado por Sanidad para el diagnóstico y la adopción de decisiones de carácter clínico, en uno de los documentos técnicos que ha elaborado en las últimas semanas. Sanidad asegura en cambio que ha distribuido más guantes de los que prometió repartir tras aquella compra a China: 31,4 millones frente a los 11 millones anunciados.