1.335 millones de euros para sanear las ONG

Borrar los números rojos de las ONG. Acabar con las deudas contraídas por las administraciones locales y autonómicas con el Tercer Sector, formado por más de 29.000 entidades en nuestro país. Es el objetivo de los 1.335 millones de euros que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a destinar a uno de los principales colectivos que está trabajando a contracorriente para sacar adelante a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social que ya rondan los nueve millones de españoles.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN, el llamado Plan Social de Apoyo a entidades sociales destinará unos 687 millones de euros para que las comunidades autónomas paguen todas las facturas hasta el 31 de diciembre de 2012 –incluyendo aquellas deudas anteriores a 2011– que tengan pendientes con estas entidades sociales. Además, otra segunda partida que asciende a 648 millones para las entidades locales, básicamente ayuntamientos. En este último caso, se incluirían también todos aquellos recibos que estén emitidos antes del 31 de mayo de este año. Así se podrá mitigar la asfixia de muchas asociaciones de ámbito local cuya supervivencia dependía en parte de los presupuestos de las corporaciones municipales y que ahora se han visto sin financiación alguna y con deudas acumuladas. Es el caso de gran parte de las residencias de ancianos concertadas situadas en pequeños núcleos de población que han visto cómo la cuota perteneciente a la Administración se dejó de pagar y la entidad responsable del centro se ha visto sin posibilidad de hacer frente a gastos tan básicos como el sueldo de sus trabajadores, proveedores de alimentación, limpieza...

En otros casos, la situación es aún más delicada. Así lo denunció hace unos días el presidente de la Plataforma de la ONG de Acción Social, Juan Lara, que calcula que han llegado a acumularse impagos que han ahogado no sólo las cuentas de las más pequeñas, sino que también han puesto en jaque a algunas de las grandes. Este es el caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que si no cobra el más de un millón y medio que se le adeuda en programas destinados a mujeres, hombres y familias que huyen de conflictos y violación de Derechos Humanos podría echar el cierre después de verano. No lo tienen mejor las ONG de cooperación y desarrollo de Cataluña, que han plantado cara a la Generalitat y no descartan llevarla a los tribunales, después del que el Gobierno de Artur Mas acumule desde 2011 una deuda de más de 14 millones de euros.

Tampoco hay que olvidar que además de ayudar a colectivos en situación vulnerable y de asistencia a personas mayores y personas con discapacidad, las organizaciones de acción social dan empleo a más 530.000 personas, un 2,7% del mercado laboral, y que representan el 1,69% del PIB.

De ahí la urgencia de estas medidas, que forman parte del articulado del Real Decreto Ley que regula un plan más amplio del Gobierno, pensado para la sostenibilidad financiera de CC AA y entidades locales. Los 1.335 millones destinados como una inyección de liquidez son fruto del cálculo de la deuda existente con el Tercer Sector llevado a cabo por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, a petición de Ana Mato.

La iniciativa surgió después de una reunión del equipo de Mato con el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato, para poner en marcha un plan de inclusión social que primase la atención a los menores para frenar la pobreza infantil en nuestro país. En aquel encuentro, Poyato comentó que sin el saneamiento previo de las cuentas de las ONG, cualquier nueva aportación que se hiciera –por ejemplo, a partir los 211 millones de euros que el Gobierno repartirá este año en concepto de subvenciones sociales con cargo a la recaudación del IRPF– para nuevos proyectos iría en primer lugar destinado a tapar los agujeros en las cuentas por los impagos de comunidades autónomas y ayuntamientos y no se podrían financiar estas nuevas iniciativas. A partir de ahí, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, con Juan Manuel Moreno Bonilla al frente, se planteó la posibilidad de borrar del mapa las deudas incluyéndolas dentro del plan de pago a proveedores.

Ahora, con el visto bueno de Hacienda, el pago a las entidades sociales se realizará a partir de septiembre, en el caso de que el moroso sea el Ayuntamiento, mientras que el saldo está disponible para las comunidades autónomas entre octubre y noviembre.