La eutanasia será una realidad en 2021: ¿quién tiene derecho a morir?

Aunque siempre ha sido un rasgo característico de la cultura occidental, puede que a lo largo de las generaciones lo hayamos ido convirtiendo en un concepto cada vez más incómodo. Lo decía el filósofo francés François de La Rochefoucauld en el siglo XVII: «Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente».

Es así: miramos hacia otro lado. Los eufemismos al hablar de algunas enfermedades, el aumento de la esperanza de vida y los velatorios fuera de las casas particulares han contribuido a que la muerte se haya ido desnaturalizando hasta convertirse en el gran tema tabú de la sociedad actual. «Es necesario que hablemos de ello. La gente es muy reacia pero hay que desdramatizar porque es la única certeza absoluta: todos nos vamos a morir». Son palabras de Javier Velasco, psicólogo y presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la única en España que lucha por conseguir lo que consideran un derecho social indispensable en una democracia avanzada como la nuestra porque «cada uno tiene derecho a vivir según sus creencias y valores».

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en abril a regular la eutanasia si lograba obtener la mayoría parlamentaria, algo que ya ha ocurrido con el recién estrenado Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora, en DMD esperarán un tiempo prudencial para que terminen de nombrar todos los cargos y solicitar una reunión con el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, además de con los portavoces de cada partido en la comisión del área en el Congreso. Aseguran que solo tienen en contra al PP y a Vox.

El resto, incluso Ciudadanos, ya se ha mostrado partidario de regular este tema. Ese viento a favor por la actual coyuntura política y el hecho de que fuera una de las «primeras medidas» que Sánchez se comprometió a impulsar empujan a Velasco a mostrarse muy optimista y habla de «menos de un año» para lograr que la sanidad pública asista en este derecho y se modifique el artículo 143 del Código Penal, que actualmente castiga con penas de entre 2 y 10 años de prisión a las personas que induzcan al suicidio o cooperen en el suicidio de otras.

Pero además del plano jurídico, en la asociación quieren que la sociedad comience a hablar sin cinismo sobre la muerte y las circunstancias que pueden rodearla, que la gente reflexione sobre las posibles situaciones que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros o nuestros seres queridos. El abanico de posibilidades y tipos de sufrimiento es tan inmenso que proponen que el individuo pueda decidir sobre cuestiones vitales llegado el inevitable momento. Pero, ¿estamos preparados para afrontar este tema?

La respuesta, como casi siempre, la tiene Google y parece bastante elocuente. Al introducir en el buscador el nombre de una clínica suiza donde «acompañan» durante el proceso para poner fin a la vida de forma voluntaria y sin violencia, lo primero que aparece en la pantalla del ordenador es una ventana que dice: «¿Necesitas ayuda? Teléfono de la Esperanza: 24 horas al día, 7 días a la semana: 717003717».

Se trata de una organización que suele ayudar a gente que quiere «tirar la toalla» (según la propia web) por problemas mentales (en el 16% de los casos), soledad (11%) y depresión (8%). Sin embargo, de existir en España una Ley sobre Eutanasia, bajo esos supuestos sería rechazada la petición del requirente.

Solo casos irreversibles

Según Velasco, el último proyecto de ley presentado por el PSOE –al que tuvieron acceso y sobre el que plantearían alguna mejora– establecía dos requisitos: «Enfermos prácticamente terminales o que padezcan una enfermedad discapacitante, que no exista posibilidad de mejoría y que el solicitante lo viva como insufrible». Se crearía una comisión de control y evaluación previa y posterior al fallecimiento.

En la primera se solicitarían informes médicos (de su médico de referencia y otro independiente) para conocer el estado de su enfermedad y si se trata de una persona capaz, libre y no está forzado o manipulado. Si ambos informes son coincidentes (el del médico habitual y el externo) podría ser apto para solicitar la ayuda. La evaluación posterior, formada por médicos y juristas, serviría para verificar que el proceso se ha realizado acorde a la legalidad y, de no ser así, depurar las consecuencias penales que se derivaran de la mala praxis. «Sería un servicio más de la cartera del Sistema Nacional de Salud y en los certificados de defunción la causa de la muerte sería natural para evitar que los familiares cobre el seguro de vida, al igual que ya ocurre en los casos de suicidio», subraya Velasco, destacando que, además de cumplir los requisitos, se establecerían plazos como medida de control. «Dos veces por escrito y con un plazo mínimo de 15 días entre una y otra para evitar que no se tome la decisión en un momento agudo».

En realidad, según el psicólogo, este proyecto de ley es una «copia» de lo que ya está regulado en algunos países europeos «pero más garantista». Desde Derecho a Morir Dignamente recuerdan la diferencia entre suicidio asistido (es el médico quien facilita la medicación para la sedación final pero es el paciente quien la toma, normalmente vía oral) y la eutanasia: cuando el médico la aplica directamente a paciente. Aunque, al mirar a los países europeos, se meta en el mismo saco a los Países Bajos y Suiza, no está regularizado de la misma forma.

En Holanda, Luxemburgo y Bélgica están legalizados los dos supuestos (suicidio asistido y eutanasia) pero en el país helvético solo el suicidio asistido; es decir, que el médico facilita la medicación al paciente y luego, con ayuda de la familia o asociaciones y voluntarios, acompañan al enfermo durante el proceso. En Suiza existen clínicas que acogen a los enfermos cuando escogen este proceso final y hasta allí llegan desde otros lugares del mundo para someterse al tratamiento.

En Dignitas, un grupo suizo, recibieron a más de 9.000 extranjeros en 2018. 108 eran españoles, según su estadística. Desde Dignity in Dying, una asociación británica que busca legalizar el suicidio asistido, denuncian que «un británico viaja cada ocho días a Suiza» para poner fin a su vida por un precio de 10.000 libras. En España, al entrar dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud, sería gratuito, por lo que algunos temen la llegada de extranjeros para someterse al proceso, como ya ocurre con otro tipo de operaciones.

Otro «fleco» en cuanto al aspecto sanitario, igual que ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo, es que habría gobiernos autonómicos que se opongan al estar transferidas las competencias de Sanidad a las comunidades y médicos que se abstengan por objeción de conciencia.

En este sentido, los sondeos –según ha comprobado DMD con los encuestas en los colegios oficiales de médicos de Madrid, Canarias, Tarragona y Vizcaya– apuntan a una mayoría de síes ya que el 80 por ciento de los colegiados se mostraban favorables a que se regulara el tema.

Eso sí, la asociación pro eutanasia denuncia las «graves descalificaciones» que soportan desde algunos «grupos minoritarios» y solo piden «respeto». «Respetamos la opinión de todo el mundo, solo pedimos que se permita hacer al que lo desee, no que sea obligatorio pero que cada uno decida lo que hacer en base a los valores que quieran».

LA EUTANASIA EN EL MUNDO

SUIZA

Solo está prohibido el suicidio asistido «por razones egoístas» por lo que se practica por una especie de vacío legal.

HOLANDA, LUXEMBURGO, BÉLGICA

Holanda fue el primero: comenzó a regularla en 1993 y la implantó en 2001. Los menores también pueden solicitarlo.

EEUU

Es legal en: Oregón, Washington, Montana, Columbia, Vermont, California, Colorado, New Jersey, Hawaii y Maine.

JAPÓN

Hay un concepto llamado «songenshi» que implica cuidados paliativos cuando la muerte sea inminente

CANADÁ

Desde 2016 están exentos de homicidio doloso los que cooperen al suicio.

AUSTRALIA

Es legal en el estado de Victoria desde el pasado junio y en Nueva Zelanda harán un referéndum sobre el tema en 2020