Sanidad publica con siete meses de retraso la adjudicación de cinco millones de test a una pyme de Barcelona por 38,7 millones de euros

El Ministerio de Sanidad ha pagado 38,731 millones de euros a una pyme domiciliada en Barcelona denominada Hans Biomed, S.L. por 5,03 millones de unidades de test diagnósticos para Covid-19. Dicha cantidad soporta ya el IVA, por lo que cada unidad le ha costado al erario público 7,7 euros. La adjudicación se realizó el 20 de marzo, en plena eclosión de casos de coronavirus en España, pero el anuncio de formalización del contrato no se ha hecho público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta hoy, casi siete meses después. Como ha sucedido en reiteradas ocasiones durante la pandemia de coronavirus, dicha adjudicación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad acelerado bajo la justificación de la situación de extrema urgencia que vivía España por la Covid-19. Una vez más, la empresa adjudicataria, localizada en la calle Isaac Peral de Tarrasa, fue la única que participó en el proceso y, por tanto, la única que emitió una oferta. En la memoria justificativa, Sanidad exponía la necesidad de tener a disposición del Sistema Nacional de Salud una técnica de diagnóstico del SARS-CoV-2 rápida y fiable, algo que, según dice, es “una prioridad en estos momentos, ya que permitiría realizar las pruebas diagnósticas en centros de salud, domicilios de enfermos y urgencias hospitalarias, preservando la técnica diagnóstica de referencia (la basada en la PCR) para casos graves”. En la memoria, el Ministerio aseguraba que “el One Step Covid-19 Ab Test es un test de detección de anticuerpos, tiene una sensibilidad del 99% y es una técnica rápida, ya que se pueden obtener resultados en 15 minutos·”.

El departamento que dirige Salvador Illa subrayaba en dicha memoria que “por experiencias con otros países, que están en situaciones similares a la española, más la información recababa en los centros sanitarios españoles, podría ser necesario hacer unas 8.000-10.000 determinaciones diarias en los próximos dos meses”. El organismo encargado de esta compra fue la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, dirigida por Patricia Lacruz, que protagonizó uno de los mayores escándalos durante la primera oleada de la pandemia al adquirir una importante cantidad de test chinos con una escasísima fiabilidad, que tuvieron que ser devueltos. El importe unitario de esta compra supera al abonado posteriormente por otro organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) por cinco millones de test de detección rápida de antígeno del virus causante de la Covid-19, a través de un contrato que se hizo público a principios de este mes. En esta ocasión, la Administración pagó 22,5 millones de euros, con lo que el importe resultante de cada unidad ha sido de 4,5 euros. La adjudicataria fue la multinacional Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L. A diferencia de los productos adjudicados en marzo y cuya formalización del contrato se ha hecho ahora, los test de Abbott adquiridos en octubre muestran una sensibilidad algo menor -del 93,3%- y una especificidad (que no se confunda con otro patógeno) del 99,4%. También tardan unos 15 minutos en confirmar un positivo de Covid-19. En el contrato que trasciende ahora, la Dirección General de Cartera Común especifica que la financiación corría a cargo del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros cuya gestión recaía en este organismo, y exponía que la denominación del producto era Wonfo SARS-CoV2 Antibody Test. El acuerdo contemplaba la entrega de estos productos en cinco fases que iban desde el 27 de marzo hasta el 20 de abril.