«Es una muestra más de la arbitrariedad del Gobierno»

El «culebrón Patricia Lacruz», como denominan numerosos empleados públicos del Ministerio de Sanidad la anómala situación de este alto cargo, que ejerció desde marzo como tal en un puesto para el que no fue nombrada hasta el 11 de noviembre, el de directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, parece no tener fin. La última organización en sumarse a la polémica es la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la Administración pública. Lo ha hecho tras conocer que un real decreto publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incluye entre los directores generales del Gobierno que pueden serlo sin necesidad de ostentar la condición de funcionario de carrera.

Como informó ayer este periódico, la Dirección General de Cartera Básica sí gozaba de esta excepcionalidad, pero fue suprimida por el Gobierno en marzo por medio de un real decreto que creó a su vez una distinta: la Dirección General de Cartera Común, con funciones similares pero no exactamente iguales. Lacruz ejerció como tal desde esa fecha sin haber sido nombrada expresamente para el nuevo cargo y sin que el Ejecutivo incluyera la exención de ser funcionario para poder ejercerlo, algo que se ha producido finalmente ocho meses después. Fuentes oficiales de CSIF aseguran a LA RAZÓN que la central estudiará las implicaciones jurídicas del «caso Lacruz» porque, a su juicio, constituye «un abuso de autoridad» y «no tiene justificación».

Según la organización que preside Miguel Borra, «se trata de una muestra más de la arbitrariedad de este Gobierno en el nombramiento de altos cargos y de la falta de independencia de la Administración frente a los poderes políticos», un hecho que, además, «genera inseguridad jurídica» para los ciudadanos. Las implicaciones de esta situación irregular, destapada por este periódico, deberán decidirlas los tribunales a medida que estudien los posibles recursos que interpongan las partes afectadas por las decisiones que ha tomado entre marzo y noviembre Lacruz con la firma de directora general de Cartera Común.

Este alto cargo tuvo gran protagonismo, por ejemplo, en la política de compras de materiales y equipos de protección durante la primera ola de la pandemia. Ella fue, precisamente, la responsable de la adquisición de una polémica partida de test «fake» a una empresa china que España tuvo que devolver ante su baja fiabilidad. También ha participado en varias comisiones para fijar el precio de nuevos fármacos que llegan al mercado, y ha capitaneado la desfinanciación de las Sysadoas, unos medicamentos para los pacientes de artrosis que, según las organizaciones afectadas que les representan, carecen de alternativa terapéutica segura con la que poder sustituirlos.

CSIF ha sido un sindicato especialmente crítico con la política de nombramientos de directores generales que ha seguido el Ejecutivo hasta ahora, y recalca la importancia de los principios de mérito y capacidad para acceder a la Administración, así como de las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Este sindicato pidió por ello a los grupos parlamentarios una modificación legal para garantizar precisamente esa despolitización y la imparcialidad de las Administración, «así como la idoneidad de las personas que ocupen puestos de directores generales» para que sean cubiertos «por funcionarios de carrera mediante el sistema de concurso de méritos».

Además, resalta que las direcciones generales deben realizar funciones predominantemente técnicas, con una labor de gestión puramente administrativa, sin que, por tanto, sea requerido un especial perfil político. «El papel de los directores generales se puede considerar por ello eminentemente técnico y clave para asegurar la calidad en la gestión del servicio público», apuntan desde la central.