Al menos cinco comunidades rechazan el proyecto de reforma de la Ley del Aborto

Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña anunciaron antes del Consejo Interterritorial que no apoyarán la medida impulsada por el Gobierno

Al menos cinco comunidades autónomas han confirmado que no apoyarán la reforma de la Ley del Aborto. En una rueda de prensa celebrada en Toledo antes del Consejo Interrterritorial, Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco y Cataluña anunciaron su "no rotundo"al cambio de la ley de plazos a una ley de supuestos. María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, ejerció de portavoz de las cinco comunidades díscolas y argumentó que no pueden aceptar una ley que "penaliza a la mujer". "Rechazamos que se trate este punto en la reunión de hoy y también rechazamos que se busque nuestro respaldo a una ley a la que nos oponemos", dijo a los medios de comunicación.

Para Sánchez Rubio, no es necesario cambiar la legislación porque "la ley de plazos actual cumple con los requisitos exigidos por la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea". Asimismo insistió en que la nueva ley "provoca inseguridad jurídica a las mujeres"y "vulnera su capacidad de decisión".

Por su parte, Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno canario alertó de que la propuesta del Sanidad supone "volver a la clandestinidad". "No es cierto que vaya a lograr reducir los abortos, una situación que ya se produjo el año pasado, en el que descendieron un 5 por ciento. No se trata de una cuestión económica o social, sino ideológica".

El consejero asturiano, Faustino Blanco, insistió en la idea de que la propuesta provocaría "inequidad de género porque sólo podrá abortar la mujer que pueda pagarlo y la que no tenga medios quedará excluida". Para Blanco una de las cuestiones importantes que no ha sido incluida en el anteproyecto y que el consejero echa en falta es la educación sexual. "La norma criminaliza la labor del profesional, al que le impone la responsabilidad de decidir si una mujer puede abortar o no", en referencia al supuesto de psiquiatría incluido en el texto.

El cambio, José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha lamentó que las cinco comunidades consideren que la reforma se haya metido con calzador pero, según dijo, el informe de Justicia es obligatorio y hay que hacerlo con la opinión de todos. Para Floriano, la nueva norma es positiva por muchos aspectos, aunque destacó que entra a regular "la objeción de conciencia"y mejora los "derechos de los ciudadanos". "Esta reforma no se ha hecho de tapadillo", afirmó en relación a las acusaciones vertidas por las cinco comunidades que anunciaron su rechazo a la norma.