Calidad frente a microméritos para «aprobar» a un profesor universitario

No habrá reforma de la Ley de Universidades, ni tampoco cambios en la gobernanza. Al menos, de momento, pero el Ministerio de Educación sí quiere introducir algunas mejoras en lo que supone la acreditación del profesorado que imparte clases en las 50 universidades de titularidad pública. Es decir, en todo el proceso que determina los niveles de calidad que posee el profesor universitario para un determinado puesto de trabajo. Las modificaciones se introducirán vía real decreto, pero ya han sido presentadas a los rectores las líneas generales del nuevo sistema que se quiere poner en marcha. Unos cambios que los rectores han visto más bien como una declaración de intenciones.

Lo que quiere el Ministerio de Educación a medio y largo plazo es dotar a estos centros de conocimiento «de libertad de contratación sin ejercer la potestad que hoy en día ejerce el Estado a través de las acreditaciones del profesorado», dice la propuesta ministerial que ha llegado a los rectores y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, pero esa libertad la liga necesariamente a «un cambio de orientación a la hora de financiarlas que debería vincularse en una buena parte a los resultados, no sólo de investigación, sino también de docencia o de transferencia de conocimientos». Un modelo que, sin embargo, requiere que lo asuma no sólo el Gobierno central, sino también las administraciones autonómicas, que tienen competencias en Educación superior y que, en definitiva, son la fuente de financiación de las públicas, según reconoce el Ministerio.

Sin perder de vista este objetivo, el departamento que dirige José Ignacio Wert pretende cambiar las actuales reglas del juego para dar por cualificado a un profesor universitario. En la actualidad, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) se encarga de dar la «autorización» para dar clase tanto a los que son profesores titulares de universidad como a los que son catedráticos (ambos funcionarios). También acredita a los contratados laborales (contratado doctor y ayudante doctor) tras valorar una serie de méritos con un proceso estandarizado.

El sistema, sin embargo, adolecía de algunos defectos, como es el hecho de que un aspirante de Derecho no era evaluado por otra persona que entendiera de ese área de conocimiento específicamente, se valoraban demasiado los microméritos y era «demasiado cuantitativo y poco cualitativo», según ya avanzaba el comité de expertos al que el Ministerio de Educación encargó un informe para abordar la reforma universitaria.

Rankings internacionales

¿Qué se pretende garantizar con el nuevo proceso? «disponer de un procedimiento de selección y promoción del profesorado en las universidades españolas que sea más homologable a los establecidos en otros países y alcanzar unos nivelees de calidad docente e investigadora similares a los de referencia en los países con universidades que están mejor posicionadas en los rankings internacionales», argumenta la propuesta ministerial.

El nuevo sistema de acreditación del profesorado pretende que haya comisiones formadas por entre siete y once miembros que examinen los méritos de los profesores pero que estén organizadas por áreas de conocimiento afines. Hasta ahora, las comisiones estaban montadas en torno a cinco grandes ramas de conocimiento. Así, ocurría que una misma comisión podía acreditar a un aspirante a profesor de Historia del Derecho, que a otro de Periodismo o de Sociología.

Las comisiones deberán cumplir una serie de requisitos: sus integrantes serán nombrados azar por cuatro años no renovables tras un sorteo entre quienes cumplan determinados requisitos. Serán afines al campo de conocimiento del solicitante. Hasta ahora, este puesto no era especialmente codiciado por los expertos universitarios. Entre otras cosas porque «este trabajo no está retribuido, da mucho trabajo y te crea enemigos dentro de la universidad», explican fuentes universitarias. Con los cambios que se avecinan, lo que se pretende es «potenciar la calidad de las contribuciones frente a una mera acumulación de méritos (en publicaciones, no sólo en número sino de impacto de las revistas, número de citas...). Una cuestión que ha despertado dudas también entre los rectores, porque no es equiparable la repercusión que pueda tener una publicación de un científico español en revistas internacionacionamente reconocidas, como «Nature» o «Science», que las que pudiera hacer un profesor de Derecho donde el alcance de las revistas en las que pudiera publicar se reduce al ámbito español.

También será prioritaria la docencia y la investigación, por este orden, y después, la transferecia de conocimiento, la experiecia profesional y la experiencia en gestión universitaria.

El Ministerio de Educación cree que con la nueva regulación que ya ha esbozado y que irá puliendo a lo largo de la próxima semana con rectores y sindicatos, «habrá una mayor garantía jurídica y una mayor focalización en los méritos relativos a cada ámbito científico-técnico específico, manteniendo un mínimo de calidad homogéneo en todo el sistema universitario». También piensa que «se equilibra más adecuadamente la calidad frente a la cantidad de los méritos», e incluso cree que ahorrará recursos al eliminar trámites.

Aunque el Ministerio cambie los criterios de acreditación, lo que realmente preocupa a los rectores de las universidades españoles es el hecho de que actualmente hay 6.000 profesores que reúnen los requisitos para convertirse en funcionarios o personal laboral contratado pero las universidades no sacan plazas. Es el Ministerio de Hacienda el que ha limitado la tasa de reposición de docentes al 10 por ciento, de tal manera que por cada diez profesores que se jubilan sólo se contrata a uno. De hecho, los rectores emitieron recientemente un comunicado en el que pedían la finalización de las medidas excepcionales que afectan al estudio y que se aplicaron por la coyuntura económica, entre ellas las que afectan a salarios, derechos laborales y a las expectativas laborales de todos los empleados públicos, incluidos los que trabajan en los campus.