La justicia avala la financiación de RTVE

A partir de 2009 se sustituyó el fin de la publicidad por una tasa a las «telecos» y televisiones privadas.

La Justicia europea avaló ayer el nuevo régimen de financiación de la televisión pública española vigente desde 2009 y que sustituyó el sistema mixto a través de publicidad y el dinero público por un canon compensatorio de los operadores de televisión privados y las empresas de telecomunicación que prestan servicios audiovisuales. De esta manera, el servicio público pasó a estar financiado exclusivamente por las arcas del Estado tras la imposición de esta tasa consistente en un 0,9 de sus ingresos para los operadores de telefonía, el 3 por ciento para las cadenas privadas y el 1,5 por ciento para las de pago.

En el 2010, la Comisión Europea declaró que este nuevo modelo de financiación del ente público era compatible con el mercado interior y no podía ser considerado como una sobrecompensación para la televisión pública. Dicho veredicto por parte de Bruselas coincidió también con la luz verde otorgada al sistema de financiación de la televisión pública francesa, muy similar al español.

No es incompatible

A pesar del veredicto del Ejecutivo comunitario, DTS distribuidora de Televisión Digital, la sociedad que explotaba una plataforma de pago de televisión digital por satélite (ahora Telefónica y Digital +) recurrió la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, que volvió a validar el modelo. El último paso llegó ayer, cuando el Tribunal de Justicia de la UE, el máximo órgano en la interpretación del Derecho comunitario, volvió a refrendar que este sistema compensatorio no constituye una ayuda incompatible con las leyes europeas.

El Alto Tribunal considera que el gravamen que a partir de 2009 han estado pagando los operadores de televisión privados para sustituir los ingresos por publicidad y los diferentes tipos de patrocinio de RTVE «no tienen ninguna influencia directa en la cuantía o en la concesión de la ayuda otorgada a RTVE». Según reafirma la Justicia europea, «no existe relación vinculante entre las medidas fiscales y la ayuda», ya que el gravamen pagado por los operadores privados puede utilizarse, al menos en parte, para otros fines como los propios Presupuestos Generales del Estado, el Tesoro público o para un fondo de reserva. La normativa española establece que en abril de cada año la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia debe decidir si las «telecos» pagaron por este canon sustitutivo de la publicidad más del 25 por ciento de los ingresos de RTVE que se les fija como umbral máximo si las televisiones en abierto rebasaron el 15 por ciento de límite y las televisiones de pago el 20 por ciento.

El Alto Tribunal también respalda su veredicto en la defensa de RTVE como un servicio público, ya que «el Estado español debe completar la diferencia entre los ingresos económicos de que dispone RTVE y los costes en que ésta incurra para el cumplimiento de sus obligaciones» y no tiene en cuenta las alegaciones de los operadores, que consideran estar en una situación de clara desventaja, ya que RTVE es un competidor directo.

Tras el cambio en el modelo de financiación por parte del Gobierno de Zapatero, en 2010 (el primer año completo), el Estado recaudó de las «telecos» 180 millones de euros y las televisiones ingresaron 90 millones. La crisis económica ha ido reduciendo progresivamente estas cantidades. En 2014, se destinaron 185,2 millones de euros a la financiación de RTVE, lo que supone una disminución del 12,6 por ciento respecto al año anterior.