Detienen a 34 personas por fraude a la Seguridad Social en empresa valenciana

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 personas, todas ellas extranjeras, e imputado a otras 49 por delitos de falsedad y estafa a la Seguridad Social, por una cuantía de unos 550.000 euros, mediante contratos de trabajo fraudulentos en una empresa de construcción de Valencia. Según informa el cuerpo policial en un comunicado, dicha empresa, con muy poca actividad, había dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social hasta a 216 empleados.

Los falsos trabajadores acumulaban "de manera irregular"los periodos de carencia mínimos para acceder a prestaciones y subsidios, o regularizar su situación administrativa en España. La investigación se inició tras recibir un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Valencia, en el que se informaba de posibles irregularidades en el alta de diferentes trabajadores de una empresa. Dicha mercantil tenía un único socio, que actuaba además como administrador único, y su actividad económica estaba relacionada con la construcción.

El informe advertía asimismo de un importante número de trabajadores, hasta 216, dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, "que en ningún caso se correspondía con la actividad declarada por la empresa". Las investigaciones permitieron averiguar que la práctica totalidad de los trabajadores habían estado dados de alta por unos pocos días, a pesar de presentar un contrato indefinido.

Además, se ha comprobado que 83 de ellos han percibido o estaban percibiendo prestaciones por desempleo, derivadas de su permanencia en dicha empresa. Los agentes han identificado y detenido a 34 personas, todas extranjeras, por delitos de Falsedad Documental y Estafa, y se ha imputado por los mismos hechos a otras 49 personas más.

La cuantía de lo defraudado tanto a la Tesorería de la Seguridad Social como al Servicio Público de Empleo se estima en 550.000 euros. Los agentes continúan las gestiones para determinar si otros trabajadores han cobrado prestaciones en otras provincias o utilizado los contratos y las altas para solicitar la renovación de permisos de residencia, incapacidades, bajas por maternidad, o el tercer grado penitenciario. La operación ha sido realizada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social adscrita a la UDEF Central de la Comisaría General, la Unidad Territorial Operativa de Extranjería y Fronteras de Valencia, Ucrif, Grupo III, con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.