El Gobierno rectifica: no quiere «trabajadoras del sexo»

El terremoto por la publicación en el BOE del primer sindicato de trabajadoras sexuales sacudió ayer al Ejecutivo «feminista» de Sánchez. «Me han colado un gol por la escuadra», reconoció la ministra de Trabajo, que ya estudia la anulación con la Abogacía del Estado.

Otra nueva rectificación. No entraba dentro de los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo más «feminista» hasta la fecha. Pero ayer se tuvo conocimiento de que el pasado 4 de agosto la Dirección General de Trabajo dio el visto bueno a la constitución de un sindicato para englobar a todas las trabajadoras sexuales. El departamento que dirige la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, autorizó, sin que la titular lo supiese, la aprobación de un sindicato para trabajadoras sexuales, según se desglosa de la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta organización no cuenta con el paragüas del Gobierno. En palabras de la ministra, la creación de este sindicato ha sido «una sorpresa» y aseguró que le habían «colado un gol por toda la escuadra». Según explicó ella, «como ministra y miembro de un gobierno feminista, jamás habría dado el ''ok'' a que esto se publicase en el BOE». «Yo no sabía que este expediente estaba en tramitación», reconoció.

Ante esta situación, el Gobierno decidió actuar de inmediato y pidió a la Abogacía del Estado que inicie todos los trámites pertinentes para «declarar esta resolución nula de pleno derecho». En la tarde de ayer, el Ejecutivo envió un comunicado por parte del departamento que dirige Valerio en el que califica el registro como «un mero acto administrativo».

El presidente del Gobierno, de gira en Latinoamérica, escribió un tuit en el que anunciaba que el Ministerio de Trabajo «ha iniciado ya el trámite de impugnación» del sindicato. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita». A raíz de conocerse la publicación en el BOE, desde su propio partido, la presidenta andaluza, Susana Díaz, pidió al Gobierno central «que haga lo que tenga que hacer» para evitar el sindicato, al considerar «una manera descarada» de encubrir la trata de personas, la explotación sexual y de querer legalizar la prostitución. Por su parte, el socio que mantiene en el Gobierno al PSOE, Podemos, pidió explicaciones inmediatas a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y abordar con «seriedad» el tema de la prostitución ante la creación del sindicato de trabajadoras sexuales. Calvo, por su parte, eludió referirse a la polémica y recordó que el Ministerio correspondiente ya había expresado la postura del Gobierno.

«Un error de fondo, pero no de forma»

Fue la Dirección General de Trabajo la que admitió el depósito de constitución del sindicato autodenominado Organización de Trabajadoras Sexuales. El anuncio se publicó el pasado 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado, aunque en el documento no se especifican las actividades que quedarán amparadas por él. Según explican fuentes del Ministerio, los estatutos eran correctos «en la forma». Es decir, el trámite administrativo se hizo conforme a la norma, por lo que el problema se encuentra en el carácter de la organización. «Contiene errores de fondo para un Gobierno feminista y que tiene sus políticas de igualdad entre hombres y mujeres como eje central».

También reaccionaron desde la Fundación Mujeres, que mostraron su «sorpresa» por el visto bueno del Ministerio de Trabajo. La directora de la organización, Marisa Sotelo, señaló a Efe que hacer titular a una entidad que se llama «sindicato de trabajadoras sexuales», implica que el Gobierno «está haciendo, aunque sea por vía indirecta un reconocimiento sobre que existe el trabajo sexual».

Precisamente, España es, junto con Portugal e Italia, uno de los países europeos donde, a día de hoy, la prostitución no está regulada, por lo que autorizar ahora a un sindicato de estas características implica un reconocimiento laboral. En nuestro país solo existen normas municipales que sancionan esta actividad en la vía pública.

En el caso de Holanda, Suiza, Austria, Grecia, Turquía, Nueva Zelanda, algunas partes de Australia y el estado norteaméricano de Nevada, la prostitución sí que es legal y, además, está regulada. La ley de prostitución más «liberal» se encuentra en Alemania, donde desde el año 2002 se reconoce a estos «empleados y empleadas» derechos laborales y cobertura social.