Alerta: las prácticas de 120.000 becarios, en el aire

Los becarios que realizan prácticas en empresas asociadas a una asignatura para obtener créditos en la carrera universitaria lo tendrán ahora más complicado. Todo por una batalla saldada en los tribunales que obliga a los empresarios a cotizar por todo tipo de becarios. Nadie discute que un empresario debe pagar las cuotas a la Seguridad Social por las personas que trabajan en prácticas cuando acaban su formación universitaria o mientras la cursan si éstas no están vinculadas a una asignatura, pero no está tan claro que deban hacer esas aportaciones por aquellos que hacen prácticas para conseguir créditos universitarios. En estos casos, el de los llamados «becarios curriculares», la nueva exigencia para los empresarios pone en peligro la posibilidad de acercar a estos estudiantes al mundo de la empresa ya que ahora se obliga al empresario a pagar 34 euros por estudiante y mes a las arcas del Estado, además de la burocracia que les acarrearía la gestión. La situación preocupa mucho a los rectores, lo mismo que al Ministerio de Educación, que calculan que este curso académico 2013-2014 un total de 120.000 estudiantes universitarios podrían verse afectados por la regulación y, en consecuencia, muchos podrían verse privados de prácticas con las nuevas exigencias. Es por esto por lo que el Ministerio de Educación ha preparado un proyecto de Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios con el que se pretende evitar las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios sólo en el caso de los becarios curriculares. Una situación que ha criticado CC OO que entiende que «el Ministerio pretende limitar nuevamente el derecho a cotizar de los becarios universitarios, lo que supondrá precarizar más la formación de jóvenes que completan su formación en las empresas». El sindicato lamenta que «los argumentos utilizados por el Ministerio de Educación sean la presión que dice estar recibiendo de los rectores universitarios para no aplicar este nuevo derecho a los jóvenes universitarios». Los antecedentes de esta nueva obligación para los empresarios hay que buscarlos en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con el que salió adelante la ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social que incluía este derecho para los trabajadores en prácticas. El entonces ministro de Educación, Ángel Gabilondo, viendo los perjuicios que podría acarrear a los universitarios, se apresuró a redactar un nuevo real decreto que excluía de esta obligación de cotizar en el caso de los estudiantes que hacen prácticas a cambio de créditos para aprobar una asignatura. CC OO acudió al Supremo, dónde por defectos de forma se anuló el decreto, por lo que cobra vigencia la ley 27/2011 que obliga a cotizar por todos. Es por esto por lo que el ministro de Educación vuelve a legislar en la misma línea que su antecesor.

El punto de vista del ministro Wert es compartido por Federico Gutiérrez Solana, catedrático de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Cantabria y ex presidente de la Conferencia de Rectores, quien considera que «no podemos poner trampas a la empresa, que es copartícipe del proceso formativo, por eso hay que regular la situación adecuadamente con cierta sensibilidad y cintura».

Adolfo González, ex portavoz de Educación del PP, cree que en el caso de los becarios curriculares, «la cobertura social ya la proporciona la matrícula y no tendría que hacerlo el empresario. Tiene que haber una relación intensa entre universidad y empresa y debemos buscar fórmulas adecuadas para que este proceso no se rompa».

De momento, el proyecto de real decreto que el Ministerio de Educación ha publicado en fase de alegaciones ha tenido una buena acogida en el sector empresarial. El presidente de la Fundación Universidad y Empresa, Fernando Martínez, considera que «todo lo que sea favorecer la toma de contacto de estudiantes universitarios con el mundo laboral y fomentar la reducción del desempleo juvenil es positivo». Además, recalca que desde su colectivo «se defiende al becario, no al precario» y, por ello, considera que la regulación que pretende hacer el ministro de Educación será clave para mejorar y aumentar la empleabilidad del estudiante durante su etapa académica. No hay que olvidar que, en palabras de Martínez, «hacer cotizar las prácticas curriculares sería como hacer cotizar una asignatura de una carrera universitaria», lo que, desde el punto de vista laboral, carece de toda lógica. Por otra parte, defiende que las prácticas formativas que se realicen dentro de programas de postgrado o de máster coticen efectivamente a la Seguridad Social, puesto que los que las llevan a cabo «ya están preparados para ejercer la profesión que han estudiado durante al menos cuatro años y, simplemente, están especializándose en una parcela concreta y adecuándose a la actividad de la empresa en que las realizan, en las cuales, además, podrían tener perspectivas de permanecer en el futuro».

En todo caso, Martínez subraya que «en el caso final de que las prácticas universitarias curriculares dejaran de cotizar, ello no implicaría que los estudiantes becados tuvieran que dejar necesariamente de percibir una remuneración por su labor».

Sin embargo, no todos respaldan esta propuesta; Santiago Ortigosa, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, la califica de «reprobable éticamente». En su opinión, cualquier persona que se emplee en la actividad de una empresa, aunque sea universitaria, ha de «recibir por lo que da», de manera que, a la hora de calcular su jubilación «haya quedado reflejado el tiempo dedicado a esa actividad». El Ministerio de Empleo, interesado en que aumente el número de personas que cotizan a la Seguridad Social, tampoco respalda, de momento, la iniciativa de Educación.

La abogacía del Estado da la razón a Wert

La Abogacía del Estado ha dado la razón al Ministerio de Educación Ministerio de Educaciónal asegurar que la reforma universitaria que el Comité de Expertos presentó en marzo pasado para asesorarle sobre la mejora de la Educación Superior es conforme a la Constitución. Este dictamen fue encargado después de que dos de los expertos incluyesen sendas adendas en la propuesta presentada en marzo, en las que indicaban que algunos aspectos del documento podrían ser inconstitucionales. El primero de ellos se refería a la unificación de la Junta de Gobierno y del Consejo Social en un único órgano de dirección. La segunda objeción derivaba de la doble vía (funcionarial y laboral) del Personal Docente e Investigador, que «podría atentar contra la libertad de cátedra».