Cataluña no irá a la sectorial de educación por el decreto sobre castellano

La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, no asistirá mañana a la conferencia sectorial del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas, en la que se debatirá el proyecto de real decreto que aborda cómo aplicar la lengua castellana y las lenguas cooficiales en los colegios. En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Govern, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha lamentado la "obsesión"del Gobierno del PP para "relegar el catalán por los siglos de los siglos"por la vía del "orden y mando".

"Es una declaración de no diálogo en toda regla", ha subrayado Homs, que ha apelado al Gobierno a que "reflexione"de las consecuencias de este tipo de actitudes que ha calificado de "provocadoras". Esta no es la primera vez que Rigau se enfrenta al ministro, incluso en medio de una reunión, como hizo en diciembre de 2012, básicamente por cómo se trata el tema del catalán en la Lomce, que desarrolla en este aspecto el citado proyecto de real decreto.

Ese real decreto pretende regular el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho de los alumnos de la educación básica en las comunidades con lengua propia a obtener una compensación por los gastos de escolarización en un centro privado en el que el castellano sea lengua vehicular, si la administración autonómica no lo provee una "oferta razonable". Así, los padres de alumnos de las comunidades con lengua cooficial que no consideren satisfecho el derecho a recibir la enseñanza en castellano en centros públicos o concertados y recurran a la escolarización privada deberán pagar los costes de matrícula y reclamar después la restitución de gastos al Ministerio de Educación. Posteriormente, el Ministerio deducirá o retendrá de la financiación autonómica el importe de esos gastos de escolarización en centros privados asumidos.

Según el texto de proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Educación, no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual. En el proyecto de ley incluso se cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que "el sistema de atención individualizada en lengua castellana es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual". Tampoco se considerarán razonables las ofertas de enseñanza en castellano que impliquen que el alumno deba irse fuera del municipio en el que vive. La Generalitat pretendía que todas estas cuestiones no se tratasen mañana en el sectorial de educación y abogaba por reconducir el tema en una negociación con el Ministerio de Educación.