CC OO recurre ante el Supremo la nueva FP Básica y la Primaria de la Lomce

La Federación de la Enseñanza de CCOO ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra las normas que desarrollan la nueva Formación Profesional (FP) Básica y la Primaria de la reforma educativa al considerar que lesionan derechos de estudiantes y profesorado. CCOO, que es la primera organización en emprender acciones jurídicas contra los reales decretos que desarrollan los citados niveles educativos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ha considerado también que vulneran la legislación vigente.

En un comunicado, este sindicato de la Enseñanza ha señalado que la nueva FP Básica "legitima la exclusión educativa de determinados alumnos y alumnas en el marco de la escolaridad obligatoria, limitando su continuidad en el sistema educativo". Además, según CCOO, la nueva FP Básica constituye "un retroceso"respecto a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (CPI) a los que sustituye.

El recurso interpuesto argumenta, entre otras razones, que la FP Básica impide el cumplimiento de los objetivos fundamentales del Módulo Profesional de Formación en Centros de Trabajo, "al no garantizar que las prácticas laborales se desarrollen en un entorno laboral". Según CCOO, se infringe la legislación vigente que especifica que las enseñanzas de la FP deben incluir una fase de formación práctica en centros de trabajo.

Sobre la posibilidad que abre la Lomce a establecer diferentes criterios de admisión en cada comunidad autónoma, CCOO dice que quebranta el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, de no discriminación, y acceso en condiciones de igualdad. Además, cree que la adscripción del profesorado es "absolutamente arbitraria", ya que no se han establecido criterios claros.

En cuanto al real decreto de Primaria, el gabinete jurídico de CCOO critica que sea posible elaborar una memoria abreviada cuando el real decreto supone el desarrollo de previsiones legales novedosas y concreta el calendario de aplicación del nuevo régimen legal. Tal y como ha señalado el Consejo de Estado, "se echa en falta en la memoria un cálculo específico sobre el impacto económico del proyecto, que no se limita como aquélla da a entender al coste de la realización de la prueba final de Educación primaria". También se vulneran, a su juicio, los derechos del profesorado, no se respeta la configuración de la plantilla de los centros y la disponibilidad horaria, de obligada negociación, a tenor del artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público.