Educación negocia «a otro nivel» la Religión en Bachillerato

Estaba sobre la mesa. El PP quería proponer en el Senado que la asignatura de Religión, que eligen el 70% de los padres para sus hijos, no sólo se ofreciera con carácter obligatorio a los alumnos de Primaria y la ESO, también pretendía que se ofertara en el resto de etapas educativas: Infantil y Primaria. Y en consecuencia, que cuente para hacer la media de curso, para el acceso a becas y para repetir. Incluir esta modificación tiene que ver con el hecho de que eludir la posibilidad de que un alumno pueda estudiar la asignatura a lo largo de toda su vida académica supone incumplir los acuerdos con la Santa Sede, según ha denunciado la Conferencia Episcopal Española, un argumento con el que también están de acuerdo los populares. Sin embargo, finalmente el Senado no será el que tramite esta modificación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), objeto ayer de intenso debate durante la Comisión general de las Comunidades Autónomas en el Senado. Finalmente el Ministerio de Educación negociará «a otro nivel» esta modificación legislativa, manifestaron fuentes consultadas por LA RAZÓN.

Lo que sí está claro son algunas otras enmiendas que el Grupo Popular llevará a la Cámara Alta para su debate parlamentario. Una de ellas tiene que ver con los alumnos que se presentan a la evaluación tras concluir la ESO y no logran superar la prueba. Para estos alumnos, el PP presentará una enmienda en la que se especifica que «las administraciones educativas podrán establecer medidas de atención personalizada».

La Lomce prevé evaluaciones al final de cada etapa educativa. La que se realiza al terminar la Secundaria tiene valor académico y en ella se comprueba «el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias». La superación de esta evaluación requiere una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10, pero la Lomce no daba soluciones a los alumnos que no superaban esta prueba aunque hubieran acabado con éxito la ESO. La ley tan sólo ofrecía la opción de repetir la evaluación en convocatorias sucesivas («se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria»), pero dejaba en una especie de «limbo» educativo a estos alumnos, para los que la ley no ofrecía una salida clara, cuando lo que se pretende es que no se desenganchen del sistema educativo. La ley tan solo puntualiza que a estos estudiantes se les dará una certificación oficial en la que constará el número de años cursados, así como el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. Éste era, precisamente uno de los «agujeros» de la ley que ahora se quieren tapar en el Senado para mejorar la norma.

La medida ha sido vista con buenos ojos ya por algunas organizaciones sindicales, como el sindicato de profesores ANPE. Su presidente, Nicolás Fernán-dez Guisado, considera que «era necesaria una modificación como esta, de la misma manera que se deberían aprovechar el paso de la norma por el Senado para retirar de la Ley las cuestiones que han generado más conflicto».

Durante el trámite del Senado, el PP también propondrá que figure en la ley el «carácter básico» de las medidas de refuerzo que se llevarán a cabo para los alumnos con necesidades especiales. También quiere que el director de los colegios concertados se elija por el titular del centro, previa información al Consejo Escolar y por mayoría de los miembros asistentes a esa reunión (no por mayoría absoluta).

Ayer, la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que se celebró en el Senado para analizar el impacto de la Lomce sobre las competencias educativas, se saldó con la aprobación de un informe del PP (31 votos a favor y 18 en contra) que descarta que se produzca una invasión de competencias, como habían criticado algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña y País Vasco.

Calendario más amplio

Algunas autonomías, incluidas las del PP, estaban preocupadas con el calendario de aplicación de la Lomce (prevé implantarla en dos años a partir del curso que viene) por cuestiones presupuestarias. Ayer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ofreció la posibilidad de ampliar el plazo de aplicación, aunque el curso que viene ya estará vigente parte de la Lomce.