El Consejo Escolar del Estado no pedirá la retirada de la reforma educativa

El pleno del Consejo Escolar del Estado se ha opuesto a pedir la retirada de la reforma educativa promovida por el Gobierno.

La mayoría del pleno del Consejo Escolar del Estado (CEE) se ha opuesto hoy a pedir la retirada de la reforma educativa promovida por el Gobierno y que reclamaban los sindicatos STES, FETE-UGT, FECCO y CIG, las asociaciones de padres de Ceapa y de alumnos Faest y Sindicato de Estudiantes.

Por el contrario, ha aprobado el dictamen preliminar de la comisión permanente -en el que se pide un Pacto de Estado por la Educación- con 56 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, así como algunas enmiendas parciales.

Las organizaciones citadas, mayoritarias en el conjunto de la escuela pública, habían presentado varios informes alternativos al dictamen de la ponencia en los que refutaban frontalmente el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

El máximo órgano consultivo de la enseñanza no universitaria ha rechazado esos informes por 50 votos en contra, 20 a favor y 22 abstenciones.

No obstante, estas organizaciones han presentado sendos votos particulares al informe aprobado finalmente para explicar los motivos de oposición a la reforma.

El presidente del Consejo, Francisco López Blázquez, ha asegurado a la prensa que se han intentado, "hasta donde se ha podido", cerrar fórmulas de acuerdo y compromiso entre todos los sectores de la comunidad escolar para dictaminar el anteproyecto.

"Hemos hecho esfuerzos de aproximación para la búsqueda de consensos y están reflejados en el informe de la ponencia, pero hay determinado punto a partir del cual no es posible y entran en funcionamiento -ha explicado- las reglas de las mayorías, el libre juego de los apoyos".

En general, las organizaciones más críticas censuran el procedimiento seguido por Educación para la tramitación de la reforma, especialmente una falta de dialogo y de tiempo, aseguran, para el análisis sosegado de los problemas educativos y de las soluciones necesarias, además de denunciar que la Lomce "ataca"a la escuela pública.

En declaraciones a la prensa, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha aventurado que votarían en contra de la reforma las organizaciones de la escuela pública, y solamente la respaldarían la administración, la patronal y la Iglesia Católica, "los únicos a los que beneficia".

"El Gobierno tiene ahora mismo un rodillo en su mano, que es la la mayoría absoluta en el Parlamento, que desoye completamente las demandas de la juventud y la sociedad. En este Consejo pasa exactamente lo mismo", ha apostillado.

El presidente de Ceapa, Jesús Sánchez, ha constatado que existe una "fractura"en el seno del Consejo Escolar.

Sánchez tiene cierta esperanza de que se agote la legislatura sin que salga la ley, ya que no comenzaría a aplicarse hasta el curso 2014-2015 o incluso 2015-2016, según indicaron ayer fuentes del Ministerio de Educación.

El portavoz del sindicato STES, Augusto Serrano, ha considerado "inadmisible"que el Ministerio de Educación no haya remitido la memoria económica de la reforma al CEE y "hurte"de esta manera a la comunidad educativa conocer toda la documentación que la acompaña.

Para Álvaro Ferrer, presidente de la confederación estudiantil Canae, "no tiene sentido"que la reforma vaya al Parlamento sin un mínimo consenso de quien tiene que desarrollarla: los profesores, junto al alumnado y las familias.

Según el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, la reforma es positiva en líneas generales, pero no convincente totalmente pues significa una "merma importante"de la representación escolar de las familias y no refuerza suficientemente, ha considerado, la formación infantil y primaria.

Concapa, mayoritaria en la escuela concertada, teme que la ley no cuaje finalmente por falta de medios económicos, ha dicho Carbonel.

El informe respaldado por el Consejo Escolar propone que la ley aclare conceptos que pueden llevar a equivocación, como las evaluaciones sobre "lengua materna", pues podría causar problemas prácticos según el modelo lingüístico de las comunidades con idioma propio.

Además reclama los compromisos presupuestarios y recursos humanos suficientes para aplicar la reforma, ya que prevé medidas que suponen una "fuerte inversión económica".

También advierte de que las circunstancias actuales no pueden ser una coartada para aplicar "recortes"que han "penalizado claramente"la calidad del servicio educativo y las condiciones laborales de sus profesionales.