Si Andalucía pagara su deuda, no habría que «apadrinar» estudiantes

Una cuenta corriente para «apadrinar» a alumnos. La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, dice haber salido al rescate de los alumnos para hacer frente al pago de las matrículas ante la «situación de emergencia» que están atravesando los estudiantes. La también presidenta de la Confederación de Rectores Universitarios Españoles (CRUE) justifica su gesto para defender a los estudiantes que no han logrado la nota mínima exigida por la reforma de las becas puesta en marcha por el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

«Creemos en la educación y en el talento, no es limosna», defiende De la Calle, quien no duda en insistir una vez más en que «tengo muy claro que es el Estado el que debe asumir, mayoritariamente, el coste de la Educación». Sin embargo, la rectora olvida en su argumentario que parte de la delicada situación económica del centro universitario malagueño y que repercute en no poder tender la mano a los estudiantes con dificultades económicas radica en la deuda que mantiene la Junta de Andalucía.

«Hay una deuda reconocida de 834 millones de euros», asegura Arantxa Martín, portavoz de Universidad del PP, a LA RAZÓN. Apunta que si el Ejecutivo andaluz «pagara esta cantidad a los centros, se podrían permitir incluso aumentar las becas a los estudiantes». Es más, un reciente informe elaborado por Nuevas Generaciones indicaba que sólo con que se abonaran los 144 millones de euros a la Universidad de Málaga, ésta podría pagar la matrícula de los 36.000 alumnos de que dispone en los próximos seis cursos. Además, recuerda que la Junta de Andalucía todavía no ha realizado el pago de algunas partidas de las becas Erasmus del curso 2011/12, así como de algunas ayudas a la investigación. «Al Ministerio de Educación no se le puede echar la culpa de que los alumnos no estudien, eso es demagogia, porque el presupuesto de becas se ha mantenido, sólo se ha pedido un esfuerzo a los alumnos para garantizar la calidad de la enseñanza y el buen uso de las ayudas», sentencia Martín, que reconoce el esfuerzo de las familias y los estudiantes para hacer frente a los pagos, así como el de las universidades por «los ajustes que están realizando». Aún así, matiza que «el panorama es preocupante, de ahogamiento de las instituciones porque no tienen liquidez financiera».

Y es que la deuda andaluza no es un caso aislado. La contabilidad de las universidades no cuadra. A la espera de que los gerentes de la CRUE ultimen los datos sobe obligaciones de pago y presupuesto de las universidades, las deudas contraídas por las comunidades autónomas con las facultades hablan por sí solas. «Los derechos reconocidos pendientes de pago con las universidades por parte de las comunidades autónomas asciende a 1.300 millones de euros a fecha de 31 de mayo de 2013», según los datos avanzados por Manuel Parras Rosa, rector de Jaén y presidente de la Mesa de Gerentes de la CRUE. Es decir, que antes de que concluya el año la deuda ya es únicamente cien millones menos que toda la inversión del Ministerio de Educación en materia de becas para 2014, 1.400 millones. Y hay que pagar plantilla, luz, agua...

Un dato clave, ya que el propio Ministerio de Educación asegura desconocer a cuánto asciende el agujero. «De lo contrario, no tendríamos que hacer la reforma universitaria para que haya luz en las cuentas», según los datos facilitados por la citada cartera.

En cuanto a qué regiones son las que más dinero adeudan, desde el CRUE prefieren esperar hasta que se revisen los datos enviados por las regiones a la Mesa de Gerentes. Algo que prevén que tendrán listo para mediados de mes. Pero entre los expertos consultados hay comunidades que suenan con más fuerza. «Andalucía y la Comunidad de Madrid son las regiones cuya deuda contraída podría ser la más elevada en su conjunto. De hecho, ya la propia junta de rectores andaluces alertó de la situación asegurando que a las universidades sólo ha llegado el 60 por ciento de las transferencias previstas para 2011 y que en 2012 les faltaba liquidez», recuerda María Jesús Moro, portavoz de Universidades del Grupo Popular en el Congreso.

Deuda con proveedores

La Comunidad de Madrid por su parte debe a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) «90,89 millones de euros, que han sido reclamados en vía Contencioso Administrativa, estando pendiente de sentencia», según los datos facilitados por la citada universidad. «Y la situación es peor en la UCM», asegura Moro.

A esta deuda de las comunidades autónomas la sigue la que tienen en este caso las universidades con sus proveedores, que según «el último dato, a 31 de diciembre de 2012, era de 315 millones de euros para 46 de las 50 universidades públicas», afirma Parras Rosas. De ahí que la CRUE solicitara al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que «la deuda que las universidades tienen con los proveedores se incluyeran el Plan de Pago a Proveedores. Y que el citado ministerio incorporase a las universidades a este mecanismo al que se han acogido por un importe de, alrededor, de 290 millones de euros», recuerda el presidente de la Mesa de Gerentes de la CRUE.

Además, «se incorporará el mecanismo del Plan de Pago a Proveedores los derechos reconocidos pendientes de pago con las universidades por las comunidades autónomas (los 1.300 millones antes citados). «Estos derechos no se han incorporado, pero el Ministerio de Hacienda está dispuesto a que entren en el Fondo de Liquidez Autonómica si las comunidades autónomas lo solicitan, tal y como manifestaron responsables del Ministerio a la presidenta de la CRUE, al presidente de la de Mesa de Gerentes y a la propia Secretaría General de la CRUE», añade Parras Rosa. Hecho que confirma Moro, que asegura que «se hará en el próximo ejercicio». «Esta medida permitirá que aquellas universidades públicas a las que la Administración autonómica no les abone la partida que les adeude puedan solicitar que sea el Estado el que abone directamente a la universidad la cuantía retrayéndosela del presupuesto que da a las comunidades autónomas», explica.

Adelaida, solidaria... con su yerno

Hasta tres familiares del equipo rector de la Universidad de Málaga, de la cual De la Calle es rectora, trabajan en la Fundación General del propio centro: los yernos tanto de la presidenta de la CRUE como del gerente, así como un hijo del vicerrector de Coordinación Universitaria. De esta forma, De la Calle recibió un «toque» de atención por parte del Defensor del Pueblo andaluz, que inició en abril una queja de oficio por el proceso de selección. El defensor considera que en la selección de los trabajadores deben «respetarse los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, igualdad, mérito y capacidad». Desde la fundación consideran que, al tratarse de un organismo privado, las contrataciones no tienen por qué hacerse a través de convocatorias públicas.